El próximo mes de diciembre cumplirá 80 años. La jueza argentina María Servini de Cubria es la encargada de poner voz a los represaliados por el franquismo.

En mayo de 2010 llegó a su juzgado una demanda presentada por familiares de víctimas del franquismo para investigar los crímenes producidos por el régimen tanto tras el golpe militar de julio de 1936 como en los 40 años que duró la dictadura franquista. Sin embargo, con el beneplácito del fiscal Federico Delgado, la magistrada rechazó la demanda al considerar que no podía abrir la causa de oficio y que en el Estado español el juez Baltasar Garzón ya había impulsado una causa en este sentido.

Sin embargo, la decisión de María Servini fue corregida por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires. Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, además de declarar la nulidad de la resolución, le ordenaron librar exhorto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informara “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

A partir de ese momento, Servini se ha convertido en la voz de los represaliados por el franquismo y se ha involucrado a fondo frente a la cerrazón de la justicia española, que ha puesto todas las trabas posibles a su trabajo.

La jueza argentina ha viajado varias veces al Estado español y así, en mayo de 2014, se desplazó a Gernika donde tomó declaración en los juzgados de la localidad a Julen y Elisa Kalzada, hijos de un fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. Julen Kalzada es sacerdote, estuvo preso en Zamora y fue juzgado en el Proceso de Burgos.

Además, Servini pidió la extradición de 17 personas, entre las que se encontraban los exministros franquistas José Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz-Gallardón- y Rodolfo Martín Villa, el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y el expolicía Antonio González Pacheco, conocido en la dictadura como Billy el Niño. A todos ellos les imputó como responsables de crímenes franquistas, como los asesinatos de obreros el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, o casos de tortura contra detenidos.

Sin embargo, las autoridades españolas denegaron las extradiciones al considerar que los hechos están prescritos y que la justicia argentina no tiene capacidad para juzgar a ciudadanos españoles. Esta actitud de las autoridades y la justicia española ha recibido la crítica de altos organismos internacionales como la ONU. De este modo, según un informe redactado por Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, señalaba que España hace poco -y en ocasiones, mal- por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

Tenaz y dura Todos aquellos que han tenido contacto con la jueza Servini, incluidos sus amigos, hablan de su firmeza. “Es una persona inconmovible, invulnerable y dura”, aseguran. De familia judicial, llegó a Buenos Aires desde su San Nicolás natal al terminar sus estudios de derecho. Fue la misma María Estela Martínez de Perón, Isabelita, la que en 1975 la nombró jueza de menores. Desde entonces ha visto pasar a muchos presidentes por la Casa Rosada.

Aseguran que tiene una memoria envidiable y entre los casos que recuerda con más orgullo se encuentra la demanda de las Abuelas de la Plaza de Mayo para recuperar a sus nietos.