MADRID - La Fiscalía no ve delito alguno en la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el contenido de las conversaciones que mantuvo en su despacho ministerial con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso; si bien encomienda a las fiscalías de Madrid y Barcelona que valoren si pudieron cometerse delitos de revelación de secretos y malversación de caudales públicos por otras personas en relación con estos hechos.
Así consta en una nota de prensa remitida este jueves por la Fiscalía General del Estado en la que señala que en relación con las denuncias contra el ministro, que es aforado ante el Tribunal Supremo, “del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales” por los que Fernández Díaz fue denunciado por ERC.
Por otra parte, y aludiendo a “hechos denunciados relativos a personas no aforadas”, la Fiscalía General del Estado ha derivado actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid -para que valore la posible existencia de revelación de secretos-, y a la de Barcelona “respecto una posible malversación de caudales públicos”, ya que cada una de ellas es competente para un asunto en función del lugar donde pudo cometerse el delito.
Por otro lado, Según la Cadena SER, la Dirección General de la Policía Nacional creó en el año 2012 una brigada especial para investigar a adversarios políticos del Gobierno del PP mediante investigaciones que no fueron ordenadas por ningún magistrado. Así lo aseguran varios agentes policiales que formaron parte de la Brigada de Revisión de Casos, que estaría dirigida por el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y bajo las órdenes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Su entonces responsable, Eugenio Pino, confirmó la existencia de este cuerpo, aunque negó que se utilizara como herramienta de persecución a contrincantes de los populares. Esta brigada se habría dedicado a investigar casos sin resolver y con una alta demanda social. Entre ellos, destaca el caso Faisán, en el que dirigentes del PP apuntaron al entonces titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como máximo responsable del chivatazo. - X.G./E.P.