barcelona - La Guardia Civil detuvo ayer a once personas en la operación que llevó a cabo en diez provincias contra la corrupción municipal, entre ellas los exalcaldes de Anglès (Girona) Josep Manel Bassols y Ametlla de Mar (Tarragona) Andreu Martí, ambos de CDC, además de directivos de las consultoras Efial y CGI, funcionarios y empresarios. Según fuentes cercanas a la investigación, en la operación, autorizada por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se investigan delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.
De este modo, fue arrestado el directivo de Efial Antoni M., así como responsables de la consultora CGI, que absorbió a Efial hace meses y que supuestamente extendió los métodos irregulares a otros ayuntamientos del resto de España. Entre los detenidos figuran también dos funcionarios municipales y ocho empresarios, entre ellos los responsables de Efial y CGI, por su supuesta vinculación a la red.
La portavoz del Govern catalán, Neus Munté, acusó ayer al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, de ser el “autor intelectual” de esta operación, que calificó de “espectáculo y circo mediático” contra el soberanismo antes del congreso de CDC de este sábado. Tras la reunión del Govern, Munté mostró su “respeto al trabajo de la administración de la justicia”, pero también “a la presunción de inocencia”, en una operación que lamentó que “se haya tenido conocimiento a través de los medios, una vez más”.
Oficina Antifrau La Guardia Civil registró los consistorios de l’Ametlla de Mar, Tortosa, Ascó y Vandellós, en Tarragona, así como los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo (Guadalaraja). Los registros también se llevaron a cabo en 14 domicilios particulares, siete despachos profesionales, doce mercantiles (entre ellas, la sede de Efial en Barcelona) y siete entidades públicas empresariales locales (EPEL).
Esta investigación se inició cuando la Oficina Antifrau aún estaba dirigida por Daniel de Alfonso, que fue destituido la semana pasada por el Parlament después de desvelarse conversaciones suyas con el ministro del Interior, en las que buscaban datos incriminatorios contra los partidos soberanistas catalanes.
En el marco de esta investigación, Antifrau requirió en marzo al consistorio gerundense todos los expedientes de contratación de servicios acordados durante esos años, en los que el actual president catalán, Carles Puigdemont, ejerció como alcalde. El líder del PPC, Xavier García Albiol, exigió “su comparecencia urgente si se confirma que adjudicó contratos a dedo” en Girona. - Efe
