vitoria - Los partidos ya pueden entrar en harina y negociar la ley de abusos policiales, que busca reparar a las víctimas de malas prácticas sufridas entre 1978 y 1999. Tienen un mes para ponerse de acuerdo en base a las enmiendas que registraron ayer en el Parlamento Vasco, puesto que todo apunta a que el pleno para aprobar el proyecto tendrá lugar el 28 de julio. De saque, las propuestas registradas permiten adelantar sin temor a equivocarse que PP y UPyD no participarán del consenso, porque ambos han presentado enmiendas a la totalidad. No ha habido sorpresas y, tal y como se esperaba, el juego se repartirá entre PNV, EH Bildu y PSE.
Como novedad, el socialismo presentó entre sus 31 enmiendas una apuesta para incluir en la ley a las personas que, aun no pudiendo acreditar que han sufrido un abuso, sí han visto reconocida en sede judicial su indefensión porque no se hayan investigado sus denuncias. Cabe recordar que Europa ha condenado hasta ocho veces a España por no investigar torturas. Esos casos no entran en el límite temporal de reparación del proyecto, aunque el PSE los cita en sus enmiendas a modo de contexto para argumentar que la no investigación es en sí misma una vulneración.
La mayor distancia con el proyecto del Gobierno vasco la escenificó la izquierda abertzale. En la práctica, pide rehacer por completo la ley sin fijar límites temporales y englobando a todos los damnificados por el Estado, lo que supone remontarse a los campos de trabajos forzados y los fusilamientos del franquismo. No obstante, aunque no sea su ley, resulta complicado imaginar que vote en contra. Puede ser sintomático que ayer no presentara una enmienda a la totalidad cuando, por la naturaleza de sus objeciones, hubiera sido lo más acorde con su planteamiento. Registró 83 enmiendas, más del doble que el socialismo, para reparar “las torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desapariciones forzosas”. Reconoce que supone abrir la puerta a miles de víctimas, y propone crear una ventanilla de recepción permanente.
seguridad jurídica En cuanto a los socialistas, sus dudas no cuestionan el espíritu de la ley. Es más, lo que quieren es blindarla para darle mayor seguridad jurídica. El principal escollo radica en que quieren dejar claro que el proceso de reparación no implica señalar como culpable ni endosar un delito penal a nadie por esos abusos, porque lo contrario supondría inmiscuirse en la labor de los tribunales y tendrían todas las papeletas para que el proyecto fuera tumbado por la justicia. También quieren elaborar un reglamento para aclarar cómo proceder si alguna víctima pide ser reconocida por un abuso que no ha podido acreditar en los tribunales.
Sus enmiendas van en la línea del aviso del Ministerio del Interior español, que cree que la comisión de valoración de los casos puede reconocer a víctimas sin dictamen judicial, incluso revisando sentencias absolutorias. Los socialistas lo veían venir y quieren evitar que la ley se recurra ante los tribunales. Por ello, quieren introducir esa salvaguarda para aclarar que el reconocimiento no implica imputar delitos. El Gobierno vasco está tranquilo porque considera que su proyecto tiene todas las garantías jurídicas y porque, tal y como defendió ayer el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, todos los procesos de reparación son administrativos y no penales, por lo que nadie va a dictar sentencia sobre ningún delito en esa comisión. Por lo tanto, no habría colisión con el PSE ni con Madrid. Solo cabría señalar otra pega: el PSE quiere dejar al margen a las personas heridas o muertas mientras usaran armas, incluso cuando pretendieran defenderse de una actuación policial “legítima”. El Gobierno vasco está de acuerdo, pero en el pasado ha habido discrepancias con casos concretos.
La mayoría de las enmiendas del PSE se centran en cuestiones semánticas, como que el primer decreto hablaba del franquismo y esta ley abarca casos registrados en democracia, con el Estado de Derecho en pleno ejercicio; y pide borrar los párrafos que hablan de ETA para evitar que alguien entre a justificar unas violencias con otras. Una de las correcciones se refiere al nombre de la ley, para sustituir “represión ilícita” por “violencia de motivación política”. Se pide reajustar la composición de la comisión de valoración con una serie de expertos y representantes del Ararteko, y precisar que no puede satisfacerse el derecho a la justicia con la ley porque corresponde al poder judicial. PP y UPyD, por su parte, creen que la ley consagra un proceso extrajudicial y que carece de garantías.
Jonan Fernández. El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, contradijo ayer los informes del Ministerio del Interior sobre el proyecto y le pidió que, en lugar de poner trabas, colabore para reparar a las víctimas. Aclaró que el informe no es nuevo y ya se tuvo en cuenta para redactar la ley y, en cuanto al fondo del asunto, recordó que los procesos de reparación de víctimas, “aquí y en todo el mundo, son administrativos, no son penales”, y deben hacerse aunque no haya sentencia sobre el caso y con independencia de que el responsable haya sido juzgado o no. Si se pusiera esa condición, no podrían haber sido reconocidas “víctimas de violencia de género o del terrorismo”.
Abrir en julio. Para que la ley de abusos policiales vea la luz, el Parlamento deberá activar el mes de julio, inhábil por vacaciones. La discusión se abordará hoy después de que el PNV registrara ayer su propuesta. Es muy probable que el 8 de julio se fije un pleno para votar las enmiendas a la totalidad del proyecto y para dar luz verde a la ley de muerte digna, y que el día 28 se aprueben las leyes de abusos policiales y turismo, que también acabó ayer el plazo de enmiendas sin que nadie presentara vetos a la totalidad. Las leyes de turismo y muerte digna tienen garantizada la aprobación con el aval de PNV y EH Bildu.
