Barcelona - Mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se niega a presentar su dimisión tras la divulgación de las comprometedoras grabaciones, el otro actor implicado en el complot contra el independentismo catalán ha sido fulminantemente cesado de su cargo. El Parlament destituyó ayer oficialmente a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) con los votos favorables de todos los grupos a excepción del PP, que le considera víctima de “un escándalo político de enormes dimensiones” debido al supuesto espionaje al titular de Interior.

La Cámara catalana aparta de esta manera a De Alfonso, que fue elegido en 2011 a propuesta del entonces president de la Generalitat, Artur Mas, con el apoyo de CiU, PSC, PP y Ciutadans, y la abstención de ERC e ICV-EUiA. Según el documento del Parlament en el que se recoge su destitución, habría causado “un notorio y grave incumplimiento de los deberes y las obligaciones inherentes al cargo”. Asimismo, se incide especialmente en sus deberes de “independencia y objetividad”, así como en los de “reserva y confidencialidad”.

Durante el debate anterior a la aprobación del anunciado cese no faltaron las acusaciones al ya exdirector de la OAC por parte de los diferentes grupos parlamentarios. El más duro fue Benet Salellas (CUP), quien reclamó dar un paso más para hacer que De Alfonso sea “perseguido y depurado”. “Ver a las cloacas del Estado caminando y juzgando sería un auténtico fraude”, declaró el diputado de la formación anticapitalista.

“IRNOS CUANTO ANTES” El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no quiso desaprovechar la ocasión para recordar los intentos de Fernández Díaz y De Alfonso por desacreditar a varios líderes del independentismo. Calificó las polémicas grabaciones como “uno de los escándalos más graves de la democracia” e instó a “irnos cuanto antes” de un Estado que, a su juicio, “actúa por motivos ideológicos”. Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, arremetió duramente contra el ministro del Interior por utilizar un organismo público para investigar a sus rivales políticos. En el mismo sentido, Lluis Rabell, líder de Catalunya Sí Que Es Pot, le acusó de ser un “provocador” y tener “un comportamiento predemocrático propio de la cultura franquista”.