DONOSTIA - El Gobierno Vasco realizó ayer un nuevo gesto de autocrítica sobre la actuación de las instituciones en relación a las expresiones de violencia que han tenido lugar en Euskadi durante las últimas décadas. Tras reconocer que se han producido torturas y tratos inhumanos y degradantes con los detenidos por la policía, Jonan Fernández realizó en nombre del Ejecutivo de Urkullu una reflexión autocrítica y afirmó que las instituciones y otros agentes no han estado a la altura de las circunstancias en relación a este tema durante años.

“Debe reconocerse también de manera autocrítica que la tortura y sus víctimas necesitaron una mayor atención y respuesta tanto por parte de las instituciones y agentes sociales, políticos y mediáticos, como por parte de los estamentos jurídicos y forenses”, señaló ayer en Donostia el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco durante la clausura del curso Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes, celebrado estos días en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.

Fernández también admitió que las medidas preventivas contra la tortura debieron llegar antes. “Frente a a la sospecha de los malos tratos, la respuesta que tiene validez son las medidas concretas que evitan la opacidad de los hechos”, precisó.

No es la primera vez que el Gobierno de Urkullu realiza un gesto público de autocrítica como el expresado ayer por Fernández con las víctimas de las torturas. Anteriormente lo ha hecho también con los afectados por la violencia de ETA, GAL y otras organizaciones, y con las víctimas de abusos policiales. En ambos casos, el secretario de Paz y Convivencia avanzó la reflexión autocrítica y posteriormente el lehendakari solemnizó el gesto con un pronunciamiento más institucional.

Las manifestaciones de Fernández se produjeron pocos días después de la presentación por él mismo y por el forense y antropólogo de la Sociedad Aranzadi Paco Etxeberria de la investigación que el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) está realizando sobre la tortura por encargo del Gobierno vasco. El estudio, que estará terminado a finales de este año, contabiliza denuncias correspondientes a 4.009 personas, de los cuales la mitad han sido estudiados en profundidad.

Según los investigadores, las pruebas periciales, testificales y documentales permitan asegurar un “alto grado” de consistencia de las denuncias. El estudio revela que los casos de tortura fueron practicados de manera especial durante las décadas de los setenta y los ochenta, con una trayectoria descendente a partir de 1985. Llama la atención los dos picos importantes que se produjeron en 1992 y 2002. La mayoría de los casos denunciados han estado vinculados a los periodos de incomunicación y afectan sobre todo a la Guardia Civil y la Policía española, aunque también afecta en menor medida a la Ertzaintza.

El estudio constata la existencia de denuncias de este tipo contra la Policía vasca hasta 2003, año en el que se activaron los protocolos de prevención recomendados por las instituciones internacionales para evitar espacios opacos en comisarías y dependencias policiales. También recoge que ni antes ni después de ese año existen sentencias judiciales sobre esas denuncias contra la Ertzaintza. El secretario de Paz y Convivencia enfatizó el hecho de que la investigación promovida por el Gobierno vasco afecta a su propia policía. “Probablemente estamos ante uno de los pocos casos en Europa y en el mundo en el que un Gobierno decide hacer un estudio en el que se aborda sin ningún tipo de cortapisa un estudio como este”, subrayó.

Fernández subrayó el valor sociopolítico y democrático del compromiso institucional adquirido por el Gobierno vasco frente a la tortura a la que pretende empezar a dar respuesta con este estudio. “Por eso encargó, entre otras cosas, esta investigación”, apuntaló. Asimismo, subrayó que se trata de una investigación “científica e independiente”, cuyos datos deberían ser valorados desde el prisma del compromiso con los derechos humanos y con las víctimas. Por eso emplazó al nuevo Gobierno español a que encargue una investigación independiente sobre la tortura en España y “colaborar con el trabajo iniciado” por el Ejecutivo de Gasteiz.