gasteiz - Si la Policía vasca no renueva su plantilla, “el servicio de la Ertzaintza se resentirá notablemente”, sentenció ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tras anunciar que el Ejecutivo autónomo ha decidido rechazar el requerimiento del Gobierno central para anular la oferta pública de empleo en el cuerpo policial. Dicho posicionamiento por parte de Lehendakaritza supone un paso más dentro de la disputa que mantienen ambas administraciones en torno a esta convocatoria, aunque la cuestión, puntualizó Erkoreka, aún se encuentra en una “fase prejudical”.
En todo caso, tras el requerimiento del Ejecutivo español y el rechazo al mismo por parte del Gobierno Vasco el siguiente estadio en este conflicto es ya la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Administración central que de hecho ya anuncia en su escrito la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ayer Erkoreka justificaba la postura del Gobierno de Iñigo Urkullu recordando que “hace años” la Junta de Seguridad fijó la necesidad de garantizar una plantilla mínima de 8.000 efectivos y que la financiación de la Ertzaintza se rige por el Concierto y el Cupo. El Estado apela al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, y el Gobierno Vasco replica que la plantilla de la Ertzaintza no se rige por la legislación española de Función Pública, sino por la mencionada Junta de Seguridad, ya que se trata de “una función pública muy especial”.
Ya es la tercera vez, añade el Gobierno Vasco, que recuerda a La Moncloa cómo estas premisas sobre la planificación y dotación de la plantilla de la Policía autonómica están recogidas tanto en el Estatuto de Gernika como en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española. Nunca en los últimos treinta años se ha ejecutado una OPE en la Ertzaintza que no siga estos criterios, y nunca hasta ahora se había puesto reparo alguno desde el Gobierno central.
“Tiene que haber 8.000 efectivos, la cifra está bajando y lo lógico es que se facilite su reposición; estas convocatorias pretenden asegurar la sustitución del personal que se va a jubilar”, señaló el portavoz del Ejecutivo vasco.
El conflicto sobre la renovación de la plantilla de la Ertzaintza se enmarca en una estrategia más amplia por parte del Gobierno del PP que pasa por apelar a la legislación básica española para acotar las competencias a las que la CAV tiene derecho en virtud del Estatuto de Gernika y del Concierto Económico. Desde Lakua se interpretan estos movimientos como un ataque hacia el autogobierno vasco y, en general, una recentralización del Estado bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ayer precisamente Erkoreka se quejaba de que el líder del PP ha ignorado a Euskadi y al propio Gobierno de Gasteiz, lo que ha “reforzado” la agenda vasca que el PNV pondrá sobre la mesa a la hora de explorar acuerdos parlamentarios.
La oferta pública de empleo que ahora está en discusión corresponde a las 250 plazas de la XXVI promoción de la Ertzaintza que fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 25 de abril de 2016, y que tiene tres objetivos, señalaban ayer desde el Gobierno Vasco. El primero, “cumplir el acuerdo de la Junta de Seguridad, de noviembre de 2004, que establece que la Ertzaintza debe disponer, en todo momento, de no menos de 8.000 agentes”, y al que hizo referencia Erkoreka.
En segundo lugar, “cumplir la Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2010 y que pide que el Gobierno Vasco asegure en todo momento esa plantilla de no menos de 8.000 agentes fijada por la Junta de Seguridad”. Por último, la OPE persigue “afrontar la renovación generacional de la Ertzaintza y rejuvenecer la actual plantilla, cubriendo las abundantes bajas por jubilación previstas para los próximos años”.
El recurso contencioso-administrativo que parece que se avecina de forma inexorable se suma a las acciones del Ejecutivo central contra el currículo vasco de Educación Básica o a los recursos interpuestos contra el decreto de las 35 horas para el personal funcionario, la ley contra el Fracking o la ley de Vivienda.
