madrid - Las filtradas conversaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, obran en su poder. Es por ello que agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial, que ha puesto en marcha una investigación para conocer la autoría, se personaron ayer en las instalaciones de Público, ubicadas en el centro de Madrid, para hacerse con las grabaciones. Se fueron de vacío, ya que el medio se negó a entregarlas porque los efectivos policiales carecían del preceptivo mandamiento judicial.

La intención era comprobar si el medio quería hacer entrega de las grabaciones realizadas en el despacho oficial de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, en el número 5 del Paseo de la Castellana, en la que conversa con De Alfonso para sacar a la luz posibles casos de corrupción que podrían afectar a adversarios políticos independentistas, con especial querencia por implicar a altos cargos de CDC y ERC. Los agentes formaban parte de la Comisaría General de la Policía Judicial, el departamento al que el ministro en funciones encargó el pasado 21 de junio -cuando se conocieron las primeras revelaciones del caso- la investigación interna sobre un asunto que ha estallado en la recta final de la campaña electoral del 26J, en la que el miembro del Gabinete Rajoy concurre como cabeza de lista del PP en Catalunya.

Las grabaciones se realizaron entre el 2 y el 16 de octubre de 2014, aunque saltaran a la luz pública esta misma semana. Los investigadores deberán solicitar que sea un juez quien ordene entregarlas, aunque ya se comienza a apuntar hacia diversas teorías sobre la autoría de unas escuchas que, a pesar de su gravedad, Fernández Díaz ha calificado como “un atropello” hacia su persona. Por lo pronto, y mientras la tesis de que un móvil hackeado desde el exterior pudo haber recogido las palabras del ministro y de De Alfonso va perdiendo fuelle, las hipótesis comienzan a centrarse en la posibilidad de que los dispositivos de escucha podrían haber sido colocados desde las propias estructuras del Estado.

El Gobierno español prefirió centrarse en defender a Fernández Díaz antes que elucubrar sobre la autoría de las grabaciones y su posterior filtrado a la prensa. No lo harán, al menos, hasta que no concluyan la investigación abierta. “Los procedimientos han de seguirse y respetarse. No se pueden lanzar campanas al vuelo sin saber quién es responsable. Pueden hacerse muchas cábalas, pero el Gobierno no puede hacer ninguna”, señaló ayer la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La número dos de Rajoy se limitó a recordar que se ha ordenado una investigación sobre “la forma en que se han producido”. - Efe