madrid - Los seis meses transcurridos desde las elecciones del 20-D han dado para mucho en materia de educación. Al menos a nivel mediático. Se han vivido plantes al ministro Iñigo Méndez de Vigo por parte de las comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular a cuenta de las reválidas de ESO y Bachillerato, un boicot generalizado a la evaluación externa que plantea la Lomce en 6º de Primaria, un acuerdo del Congreso de los Diputados para paralizar la Lomce? Más de lo mismo, una continuación del clima previo a la cita del pasado diciembre. Pero este periodo de prorroga inédita en España ha sido aprovechada por el PP para transmitir a la opinión pública una imagen de flexibilidad y diálogo -ausente durante los cuatro años de rodillo, recortes y legislación a golpe de decreto ley- que no ha logrado convencer al resto de partidos y mucho menos a la comunidad educativa.

Durante el último medio año, el Pacto de Estado por la Educación ha estado en boca del ministro día sí y día también, aunque con la Lomce el PP ha dado sobradas muestras de ser incapaz de alcanzar un mínimo consenso; ni siquiera contentó a la Conferencia Episcopal con su reforma de la asignatura de Religión. En un alarde de cálculo electoral, Méndez de Vigo ha propuesto la modificación de las reválidas en ESO y Bachillerato. Ya no serán tipo test, ni un examen único el mismo día para todo el Estado. Sin embargo, la reforma anunciada de la mano del presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) solo afecta a la superficie del real-decreto (pendiente de aprobación) porque el Gobierno español seguirá definiendo los contenidos de las pruebas que el alumnado deberá superar para obtener el título. El impacto inicial logrado por este inesperado giro de los acontecimientos se fue diluyendo con el paso de los días por su corto alcance, hasta el punto de que el Gobierno Vasco no ha dudado en calificar los cambios anunciados de “tomadura de pelo”.

Relacionados con la reválida de Bachillerato que sustituirá a la selectividad en 2017, los rectores han recibido una de cal y otra de arena. Por un lado, la CRUE ha logrado que el Ministerio respete el distrito único, es decir, que la nota de un estudiante al finalizar el Bachillerato sirva para acceder a cualquiera de las universidades del Estado. Sin embargo, Méndez de Vigo no se ha plegado a la moratoria de un año para aplicar la reválida que pedían los rectores. Es tal el desconcierto existente que, a día de hoy, nadie sabe si la de este año ha sido realmente la última selectividad. Entre otras cosas, porque a una semana vista del 26-J, el Gobierno español en funciones no ha aprobado el real-decreto que debe regular las reválidas de ESO y Bachillerato, la verdadera piedra angular de la Lomce. Y es que las reválidas son el instrumento del PP para hacer efectiva la recentralización de la educación, ya que suponen la vía para que Madrid tenga el control sobre los contenidos que se imparten en los centros.

Tanto la inoperancia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en este sentido, como sus intentos por legislar un tema capital como este estando en funciones, con el sector educativo en contra y todos los partidos con la Lomce en el punto de mira, ya se han cobrado sus primeras víctimas: los estudiantes. Los alumnos de 1º de Bachillerato se han ido de vacaciones sin saber si el curso que viene tendrán que preparar la selectividad o la reválida. Y otro tanto pasa con los profesores. No saben qué tendrán que hacer, cuál será la programación. En el caso de Euskadi, el Departamento de Educación ha anunciado públicamente que las cosas seguirán como hasta ahora y que en 2017 habrá selectividad. Pero frente a las palabras, los hechos. Y el hecho es que el gabinete que dirige la consejera Cristina Uriarte sigue sin aprobar el decreto del Currículum Vasco que debe regular el Bachillerato (acumula un año de retraso) y que la única ley en vigor es la Lomce.

Y entre tanto, no han faltado anuncios de incremento en becas y otras inversiones por parte del Ministerio que a duras penas han logrado hacerse un hueco en los titulares tras años de recortes. Los 8.000 millones de racionalización del gasto del PP han llevado la inversión pública de Educación a niveles de 2006, con aulas masificadas por el aumento de ratio del 20%, el incremento de la jornada lectiva, la disminución de las sustituciones, el aumento de las tasas universitarias, el endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas o la retirada de numerosas ayudas de libros de texto, material didáctico, comedor o transporte. En el camino se han perdido 38.000 empleos.

Consecuencias Euskadi puede pagar la factura próximamente, tras el reciente varapalo del Tribunal Constitucional a la negativa del Gobierno Vasco a elevar la carga horaria del profesorado como en el resto del Estado español. Habrá que ver hasta dónde lleva Lakua la ejecución del fallo del alto Tribunal. El Gobierno de Iñigo Urkullu está analizando el “encaje” de la sentencia del Constitucional que avala el aumento del horario lectivo del profesorado tras rechazar el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Lakua contra los recortes en Educación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Esa sentencia, fechada el pasado 14 de abril, sigue la estela de la decisión adoptada por ese mismo tribunal en marzo, cuando también rechazó otro recurso de la Junta de Andalucía. Al igual que el Ejecutivo andaluz, el Gobierno Vasco, entonces en manos del PSE, interpuso recurso contra esas medidas que implicaban un aumento del horario lectivo del profesorado no universitario, lo que suponía reducir el número de contrataciones y establecía recortes en las sustituciones.

El decreto establecía que no se podía contratar un sustituto hasta pasados 10 días de baja y que la jornada lectiva debía ser de 25 horas semanales en educación Infantil y Primaria, dos menos que las vigentes en la CAV. Los sindicatos calculan que se podrían perder hasta 2.300 empleos si se cumple la sentencia que obliga al profesorado vasco a impartir 20 horas lectivas en Secundaria y 25 en Primaria frente a las 17 y 23 actuales. Por otro lado, el Ministerio de Educación recurrió en abril las convocatorias de las becas universitarias y no universitarias de los cursos 2014-2015 y 2015- 2016. El Gobierno Vasco, que asegura que los recursos de Moncloa “no paralizan” la concesión de las becas, ha decidido recurrir este fallo ante el Tribunal Supremo.