Donostia - La legislatura está a punto de expirar, pero la Secretaría de Paz y Convivencia deja deberes al próximo Gobierno Vasco de la legislatura venidera. El Ejecutivo de Urkullu ha diseñado un proyecto de decreto para ofrecer una vía factible a la reinserción de los presos condenados por delitos de terrorismo que tengan condenas superiores a cinco años de cárcel. La normativa se basa en los buenos resultados obtenidos por una experiencia piloto que se viene desarrollando desde marzo de 2015 con un grupo de reclusos y exreclusos de ETA. La iniciativa, que ha contado con la garantía de una comisión de juristas expertos para su proceso de testación, ha monitorizado los pasos a dar para la resocialización de los participantes para posteriormente redactar un protocolo que, en todo caso, no podrá ser realidad hasta 2017. El éxito cosechado por la prueba iniciática ha animado a Lakua a buscar encauzar una propuesta legal para la reintegración postpenitenciaria que, en el caso de los miembros de la organización armada, vendrá de la mano del reconocimiento expreso del daño causado a las víctimas.

Fue el propio secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, quien ayer dio algunas pinceladas del decreto que prepara el Gobierno Vasco en el marco del Congreso Europeo de Justicia Restaurativa que se lleva a cabo en Donostia. Y estableció las dos fases de las que constará el proyecto de norma perfilado, incluido en el programa Hitzeman. La primera será la reinserción. Y en la misma tomará parte una comisión de expertos que evaluará la situación personalizada de los presos, específicamente a los condenados por acciones terroristas, aún y cuando se encuentren en prisión.

El reconocimiento al daño causado será el eje fundamental tras el que los reclusos podrán adherirse al segundo paso, siempre que una comisión evaluadora certifique una fehaciente ruptura de amarras con la violencia “en su pasado, presente y futuro”, certificaron desde el Gobierno Vasco. Ese comité de expertos, que emitirá un informe favorable o en sentido contrario a la solicitud y que será enviado después a las instituciones penitenciarias pertinentes -Junta de Tratamiento de las prisiones y a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria-, podría estar formado por tres miembros elegidos por el Ejecutivo de Lakua, el Parlamento Vasco y el Consejo Vasco de la Abogacía. Ese informe servirá para pedir beneficios penitenciarios.

En cuanto a la reintegración en la sociedad, los servicios están pensados para todos los presos. El recluso en tránsito a su salida a la calle obtendría la ayuda necesaria para su vuelta a la vida sin rejas de por medio. Obtendrán apoyo asistencial para su vida postpenitenciaria a través de un servicio interdepartamental que el actual Gobierno Vasco confía en poder poner en marcha en la siguiente legislatura mediante “una ventanilla única”, según desvelaron. Ese ente público les permitirá acceder a ayudas sobre RGI, vivienda, sanidad, servicios sociales o formación académica. “Estarán en igualdad de condiciones a las del resto de personas presas que acreditan esas necesidades”, remarcó el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Férnández.

Experiencia El decreto deberá de ser tramitado en la siguiente legislatura, ya que de ninguna forma es un texto cerrado a las aportaciones que puedan realizar los partidos políticos. Pero, sobre todo, deberá superar las reticencias que se puedan mostrar tanto por parte del Ejecutivo español, que ha mostrado una posición inmovilista en la posibilidad de que los presos obtengan beneficios tras reconocer el daño causado, como entre los colectivos de presos y expresos de ETA. La Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Urkullu, no obstante, se muestra confiada en poder sacar adelante el texto normativo con el consenso de todos. “La política de reinserción necesita de la cobertura normativa de un decreto”, señaló Fernández. “La experiencia nos ha mostrado -en referencia a la experiencia piloto en la que han participado juristas y expertos vasco- que pueden darse pasos positivos”, según evidenció.