madrid - La Fiscalía también acredita la financiación ilegal del PP en Boadilla. La Fiscalía pide 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa; 40 años y 9 meses para el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, El Albondiguilla, y 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en el citado municipio.

En su escrito de acusación, Anticorrupción reclama además 64 años y 7 meses de prisión para el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, otros 22 para el exconcejal José Galeote, 39 y un mes de cárcel para el ex jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, y 2 años y medio para el exalcalde de la localidad Juan Jesús Siguero, que sucedió a González Panero.

Todos ellos están procesados en la pieza separada sobre la actuación de Gürtel en Boadilla en la que se acusa a un total 27 personas, así como al PP en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red. El PP figura también como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

regalos y dinero Según el escrito, la red mafiosa pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, llegando la trama a dirigir en la práctica toda la contratación pública en Boadilla. Los pagos ascendieron a 1.800.000 euros en el caso de González Panero, a 2.702.315 euros en el de Correa y a 1.327.235 en el de Martín Morales, mientras que Bosch llegó a embolsarse 941.652 euros, Crespo 593.000 y Galeote 557.609 euros

Parte de los fondos percibidos por El Albondiguilla, Crespo y Martín Morales se ocultaron, según la Fiscalía, en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. De hecho, la cuenta que habría utilizado Crespo a nombre de Mall Business se habría bloqueado por las autoridades suizas con un saldo de 1.557.379 euros en 2012, mientras que la usada por González Panero a nombre de Longridge International fue bloqueada con un saldo de 120.379 euros en 2015.

Los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela a la entidad UFC, y a la EMSV de un mínimo de 960.000 por el canon dejado de abonar por Artas Consultoría. A estas cantidades se añaden otros 31.215 euros por el sobreprecio abonado con motivo de actos adjudicados a las empresas vinculadas a Correa y que estaría “destinado al PP y a Alfonso Bosch”, exdiputado regional de Madrid.

Todas estas actuaciones se habrían cometido, según la Fiscalía, “con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos por el grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte de 2001 a 2009”, que “incorporaría funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión”.

“Especialmente en la EMSV, entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes y a la que consecuentemente transferían desde el ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención”.

Los hechos en general serían constitutivos de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. - Efe/E.P.

¿Qué se investiga? La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Francisco Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

¿Cómo actuaba? Las actividades de la trama se centraron en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), a la que controlaban “de facto” a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

¿A quién se contrató? La red habría favorecido la contratación de la entidad Sufi, gestionada por Rafael Naranjo, de sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y de la mercantil UFC, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana. Además de Tecnología de la Construcción S.A.; de Artas Consultoría S.A., tras la que se ocultarían miembros de la trama y de las sociedades de eventos vinculadas a Correa.