madrid - Únicamente 13 exsenadores de los 194 que han cesado al concluir la última legislatura han renunciado a la indemnización que ofrece el Senado a los parlamentarios cuando se disuelven las Cortes por la convocatoria electoral. Asciende a 8.345 euros, el equivalente al sueldo que habrían cobrado entre la disolución del Senado el pasado 3 de mayo y las elecciones generales del 26 de junio.
Son en total 181 los que sí han pedido esta suerte de indemnización por despido, que se cobra a razón de 154,54 euros por cada uno de los 54 días entre esas dos fechas citadas; en total, 8.345,16 euros que se cobran de una vez y que son incompatibles con cualquier ingreso o sueldo público o privado.
Tienen derecho a esta indemnización todos los parlamentarios que pierden el escaño al disolverse el Senado por la convocatoria electoral y no tienen otro ingreso, mientras que no pueden pedirla los que siguen siendo miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, el único órgano parlamentario que se mantiene entre legislaturas. Ellos siguen cobrando su nómina habitual. Del resto, han pedido este ingreso todos los miembros del grupo Podemos y sus confluencias y los de Democracia y Libertad; también todos los socialistas salvo Rosa María López Alonso (electa por Salamanca), todos los de ERC salvo Josep Rufá (electo por Tarragona) y los del Grupo Mixto salvo Tomás Marcos, de Ciudadanos y parlamentario autonómico en la CCAA de Madrid.
Los otros diez que han renunciado a esta ayuda son del PP. Entre ellos se encuentra la ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, cuyo nombre ha sido noticia esta semana porque la Guardia Civil la relaciona en un informe remitido a la Audiencia Nacional con el caso Púnica, al igual que al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez.
No han pedido la indemnización los secretarios de Estado de Igualdad, Susana Camarero, y de Educación, Marcial Marín, que no podían hacerlo porque cobran el sueldo de sus ministerios.
Tampoco la han solicitado el exalcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador, las exdiputadas Arenales Serrano (Valladolid) y Marta Torrado (Valencia), Esther Basilia del Brío (Salamanca), Salomé Pradas (concejal en el Ayuntamiento de Castellón), María Isabel Sánchez Torregrosa (teniente alcalde del Ayuntamiento almeriense de Huercal-Overa) y Eugenio Jesús Gonzálvez (presidente de una mancomunidad y de un consorcio de Almería).
Este pago se denomina indemnización de transición, cubre el tiempo que los parlamentarios se quedan sin ingresos entre una legislatura y otra. Prácticamente todos ellos vuelven a ser candidatos en junio, y muchos tienen posibilidades de repetir en el cargo, por lo que este ingreso es un puente entre la nómina de la XI legislatura y la de la XII.
La última nómina de los exsenadores fue la de mayo, que sumaba el sueldo correspondiente a los días que mantuvieron el cargo (la disolución fue el día 3) más la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio.
Después, los que han querido han solicitado esa indemnización de transición. No se cobra de forma automática por el hecho de que las Cortes se disuelvan sino que hay que pedirla.
La indemnización de transición es incompatible con cualquier otra retribución con cargo a un presupuesto público, ni de institución, ente, organismo o empresa dependiente de una administración, y tampoco se puede cobrar si se tiene un sueldo privado, salvo los que son compatibles con la actividad parlamentaria.
Los senadores de la próxima legislatura comenzará a generar un sueldo al día siguiente de las elecciones, el 27 de junio. - Europa Press
