GAsteiz - Los pactos entre la Fiscalía y los acusados de pertenecer a organizaciones ilegalizadas arrojan destellos de una nueva justicia adaptada al tiempo sin ETA, pero los avances no están siendo tan ambiciosos como para hablar de una justicia transicional. Así lo cree Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, experto en conflictos y geoestrategia, y autor de algunas obras sobre el contencioso vasco.
Como consideración general, Segura explica a DNA que en todo conflicto debería abordarse una última fase de reconocimiento del dolor causado, donde las víctimas de todas las violencias entablen un diálogo para alcanzar la reconciliación. Cree que Euskadi está trabajando en ese terreno con los encuentros entre damnificados por ETA, los GAL y la violencia policial, y también con las reuniones cara a cara entre presos y víctimas, pero de momento solo ve pasos a nivel individual y no cree que sean experiencias masivas.
El catedrático recalca la importancia de que esos movimientos tengan tras de sí un apoyo social notable para que las iniciativas no sean recibidas con indiferencia y terminen diluyéndose. Y apunta un segundo elemento. A su juicio, el éxito depende también de en qué medida se pueda flexibilizar la ley para que la reconciliación a nivel social se plasme también en medidas jurídicas. Es ahí donde no ve que se esté aplicando una justicia transicional. En cualquier caso, no es partidario de forzar los acontecimientos y recalca que cada proceso debe llegar lo lejos que quieran las partes implicadas. “No se puede obligar a pedir perdón, ni a las víctimas a perdonar”, zanja.
JUSTICIA TRANSICIONAL Segura detalla que el concepto de justicia transicional es mucho más ambicioso. “Comprende comisiones de la verdad, donde las víctimas y los que han causado los daños exponen sus agravios, y se acompaña de medidas legales”, cita. “Aquí no se ha llegado a eso. No hay apoyo masivo a la reconciliación, y los encuentros que se están produciendo tienen carácter individual. No ha habido cambios perceptibles en la ley ni en el trato penitenciario”, abunda. Sin embargo, aclara: “Hay que llegar hasta donde se pueda, porque esas cosas no se pueden forzar. La justicia transicional se ha dado en conflictos con un número muy superior de víctimas, en países como Sudáfrica o repúblicas centroamericanas, y puede que algún día se haga en Colombia, donde a nivel popular están funcionando algunas comisiones de la verdad. Pero es difícil. Si no hay implicación social, no hay que forzar”, recalca.
El experto cree que abordar el proceso de reconocimiento y reparación es más difícil “para las generaciones que han protagonizado” el conflicto. Y también destaca que no siempre la ley se presta a la flexibilidad que se necesita en un momento de reconocimiento mutuo de víctimas y victimarios. Aunque puntualiza que cuantitativamente las víctimas de ETA son más y los fenómenos no son comparables, recalca la necesidad de reconciliación entre víctimas.
