Bilbao - El portavoz de la red ciudadana Sare y exconsejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, denunció ayer que, pese al fin de la actividad violenta decretado por ETA hace cerca de cinco años, no se ha producido un cambio en la política penitenciaria, y “tampoco una actitud más flexible por parte de la Audiencia Nacional”. “Al contrario, algunas de sus resoluciones son claramente contrarias a Derecho. Así lo reconocen muchos magistrados con la boca pequeña, dentro de unos años lo harán claramente, tal como ha sucedido con la tortura”, dijo.

Azkarraga se pronunció en estos términos durante la presentación de un documento sobre la situación de los presos de ETA elaborado junto al Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la UPV/EHU, Ikasminak, y suscrito por cien juristas de todo el Estado. Dicho escrito será trasladado a multitud de instancias estatales y europeas, explicó el portavoz de Sare. Denunció asimismo que la política de alejamiento de los reclusos sigue en vigor, al igual que los macrojuicios, una actitud “de enrocamiento que hace cada vez mas difícil un escenario de paz y convivencia”.

Azkarraga pidió por ello la desaparición de la Audiencia Nacional, ya que “no es época de tribunales de excepción” y la justicia no puede seguir “mendigando los favores de la política”. “No más jueces-políticos que buscan la mejora de su estatus judicial prestando sus servicios a los políticos de turno”, reclamó. En términos similares se expresó el director del centro Ikasminak, Iñaki Lasagabaster, quien aseveró que “el alejamiento de los presos a miles de kilómetros es contrario al ordenamiento jurídico en vigor, concretamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Lasagabaster fue especialmente crítico con la cuestión de la acumulación de condenas para rebajar la estancia en prisión. Tras recordar que las Cortes españolas dictaron una ley que limitaba esa posibilidad de acumular penas a las cumplidas con posterioridad a agosto de 2010, consideró que los tribunales españoles deberían haber consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para confirmar si “la ley española que impide la acumulación de condenas es o no conforme con el Derecho europeo”. Sin embargo, “no han realizado esta pregunta”, lamentó.

Entre las personas que han suscrito el documento presentado ayer se encuentran el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín y destacados exdirigentes políticos como Xabier Arzalluz, Carlos Garaikoetxea, José Ángel Cuerda, Mitxel Unzueta, Jasone Iraragorri o Elixabete Piñol, así como el exdirigente del sindicato ELA Germán Kortabarria y el exlíder de Aralar Patxi Zabaleta. También abogados de la izquierda abertzale como Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia, Miguel Castells, Iñaki Esnaola, Alfonso Zenon, Amaia Izko, Kepa Mancisidor, Iker Urbina o Iñigo Santxo.