BILBAO. A su juicio, debe aplicársele al procesado la circunstancia agravante "por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación referente a la ideología".
La representante de la Administración central ha realizado esta petición después de que el pasado 28 de abril, el juez instructor de la causa, Roberto Sáiz, diera traslado a las partes para que solicitaran, si así lo consideraban, la apertura de juicio oral y formularan sus escritos de acusación o absolución.
La Fiscalía vasca ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que las palabras de Arraiz se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y no supone, por tanto, hecho delictivo alguno.
Por su parte, la abogada del Estado ha presentado escrito de acusación en el que afirma que "las expresiones gravemente injuriosas hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vertidas por el acusado", para solicitar que abandonan el País Vasco, "coinciden con las proclamadas por la organización terrorista ETA como justificación de su acción sangrienta".
A su juicio, "lejos de constituir el contenido propio de ningún debate político, excediendo el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, se enmarcan dentro de la dinámica 'Alde Hemendik (Fuera de aquí)' diseñada por la banda terrorista hace cuatro décadas y todavía vigente, como estrategia ideada para lograr el descrédito, la deslegitimación democrática, y la marginación y exclusión social de los guardias civiles y sus familiares en el País Vasco y Navarra por la sola pertenencia a la institución".
Para realizar estas afirmaciones se basa en los informes aportados al sumario por la Ertzaintza y el instituto armado. En concreto, el de la Policía autómoma vasca aprecia "una clara correspondencia entre el contenido y fines (hostigamiento, marginación social, expulsión de la Guardia Civil del territorio de la Comunidad Autónoma vasca) de los mensajes de la banda terrorista ETA" con las declaraciones de Hasier Arraiz.
En cuando a la Guardia Civil, en su documento, también se refiere a "la asunción por el investigado de la reivindicación histórica de expulsar de Euskal Herria a la Guardia Civil, común a la reivindicación histórica y el objetivo" de ETA de expulsar a este Cuerpo del País Vasco.
Además, destaca que "las instalaciones de la Guardia Civil en la CAV y Navarra han sufrido, como consecuencia de la campaña 'Alde Hemendik, promovida por ETA, cerca de 230 atentados en los que fallecieron más de una docena de personas entre guardias civiles y familiares de éstos, así como el asesinato de más de 300 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los que más de la mitad eran miembros de la Guardia Civil".
AGRAVANTE
La abogada del Estado cree que procede aplicar, en el caso de Hasier Arraiz, la circunstancia agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal que prevé que el delito se comete "por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad".
La Abogacía del Estado recuerda que Arraiz compareció ante los medios de comunicación los días 12 y el 14 de enero de 2015, después de una operación del instituto armado contra el entorno de los reclusos de ETA, entre los que detuvo a 12 abogados que defendían habitualmente a miembros de la banda. Este operativo se había llamado 'Mate' y era continuación de otro denominado 'Jaque'.
En las ruedas de prensa, el presidente de Sortu acusó al Estado español de ser "un Estado terrorista que emplea, una y otra vez, la venganza contra Euskal Herria", y al instituto armado de "participar en "la política penitenciaria criminal" de España. Haciendo un juego de palabras, emplazó a dar "jaque mate" a la Guardia Civil y le instó a abandonar el País Vasco.
Además, en una segunda rueda de prensa del 14 de enero, el presidente de Sortu aseguró que, en el actual escenario político, "la única violencia" que existía era la del Estado español y "la única amenaza violenta" era la de la Guardia Civil y los "Cuerpos represivos del Estado".
Además, señaló que el instituto armado estaba "reñido con un escenario de paz y democracia en Euskadi", y le emplazó a que se fueran y dejaran "en paz" a los vascos. "No los necesitamos ni queremos", aseguró.
La querella contra Hasier Arraiz la interpuso Dignidad y Justicia, y se admitió a trámite el 25 de mayo de 2015, al considerar que el parlamentario de EH Bildu se refirió a la Guardia Civil "en términos ignominiosos, vejatorios e infamantes", con una intención "denigratoria".
La asociación querellante no ha presentado todavía escrito de acusación al haber solicitado al TSJPV que paralizara el plazo que dio a las partes para solicitar la apertura de juicio oral hasta que la Policía Nacional mande un informe sobre "la persecución" que ha sufrido la Guardia Civil por parte de ETA. Por un error, no se había pedido el documento al Cuerpo Nacional de Policía.
Precisamente, el pasado 17 de mayo se hizo pública la sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJPV por la que condenó a Arraiz a dos años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargo público.
