bilbao - Ocho acusados de pertenecer al aparato político de ETA, Ekin, que iban a ser juzgados ayer en la Audiencia Nacional y que se enfrentaban a nueve años de cárcel, aceptaron penas de entre un año y 9 meses y dos años con las que eluden ingresar en prisión tras renunciar a la violencia. Se trata de un acuerdo de conformidad al que llegaron los acusados con el fiscal y las acusaciones ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia (DyJ).

Un noveno acusado, Ugaitz Elizaran Aguilar, para quien el fiscal pedía 12 años de prisión por reincidencia, también llegó a una conformidad con la Fiscalía para ser condenado a dos años, tres meses y un día, que sí podría suponer su ingreso en prisión, aunque la Fiscalía y las acusaciones se mostraron favorables a que quede en libertad condicional, lo que deberá resolver el tribunal.

El pasado 14 de abril otros cinco miembros de Ekin en Nafarroa que se enfrentaban a penas de diez años de cárcel ya llegaron a este mismo acuerdo con la Fiscalía.

Al igual que entonces, los acusados aseguraron ayer que su renuncia debe contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo por el daño y el sufrimiento que se les ha causado y reconocieron los hechos y que los mismos son ilegales, además de renunciar a la violencia.

De esta forma Elizaran será condenado a dos años, tres meses y un día de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para cargo público por integración en organización terrorista con la agravante de reincidencia. A dos años de prisión serán condenados Rosa Iriarte Laset, Eneko Campains Silva, José Aldasoro Jauregi, Anaiaiz Ariznabarrreta Ibarluzea, Egoitz Garmendia Vera, Urko Asier Aierbe Sarasola y Erika Bilbao Barzena, mientras que se le impondrá un año y nueve meses a Sandra Barrenetxea Díez, al estimar el fiscal que a diferencia de los anteriores no era dirigente de Ekin, sino mera integrante.

“No se ha hecho justicia” A su salida de la Audiencia Nacional Eneko Compains tomó la palabra en nombre de los nueve procesados. “Ha habido un acuerdo con Fiscalía y con acusaciones, lo que ha derivado en que no se celebre el juicio y si lo hemos firmado es porque nos parece aceptable, pero no quiere decir, de ninguna manera, que se haya hecho justicia”, afirmó.

A juicio de los ocho encausados, “para valorarlo en sus justos términos tenemos que recordar de dónde venimos. Nosotros somos personas militantes políticos que de forma legítima ejercíamos nuestros derechos civiles y políticos en Euskal Herria y, sin embargo, un Estado no democrático que persigue a la gente por sus ideas nos detuvo, nos incomunicó, nos torturó salvajemente y nos encarceló.

Eneko Compains agregó que “tenemos que valorar ante qué tipo de tribunal estamos. A nadie se le escapa que en España no hubo una transición verdadera hacia la democracia, que no hubo ruptura y lo que tenemos hoy aquí no es otra cosa que el tribunal de orden público reconstituido, es un tribunal de excepción que no da ninguna garantía democrática para que haya un juicio justo”.

Por su parte, el fiscal estima que los acusados eran dirigentes o integrantes del aparato político de ETA ilegalizado en 2009. En su escrito de acusación destacaba el papel de comisariado político sometido a la banda terrorista ejercido por Ekin, junto al hecho de que fue ilegalizada como parte del entramado de ETA. Recordaba, asimismo, que “Ekin se creó como sustituta de KAS con la finalidad por parte de la banda de consolidar un modelo de dirección de la izquierda aber-tzale que se asienta sobre el liderazgo de ETA como vanguardia armada”. Es decir, tenía el papel de dar cobertura política y de dinamizar el frente de masas. - E.P.