madrid - El constructor David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica, desveló en su declaración ante el juez el funcionamiento de una red corrupta de comisiones a cambio de adjudicaciones que incluía pagos a alcaldes y financiación de campañas electorales en decenas de municipios de Madrid. En los interrogatorios a los que fue sometido en junio del año pasado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, admitió que “prácticamente” se pagó a todos los partidos para que saliesen adelante las adjudicaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, una dinámica en la que incluyó al exalcalde socialista de Parla, Tomás Gómez, al consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, el popular Jaime González Taboada -número tres de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes-, y a la exdiputada de Ciudadanos Eva Borox.

Pero el nombre que más se repitió en su declaración, que se prolongó durante 13 horas, fue el del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, pieza clave de Púnica y actualmente en prisión por esta causa. Así, el empresario relató que fue Granados quien puso en marcha las relaciones entre ambos, cuando era alcalde de Valdemoro, y le propuso que se juntara con otro constructor de la localidad, Ramiro Cid Sicluna, para “ayudarles” a través de la adjudicación de suelo en esa localidad a cambio del cobro de comisiones mediante una sociedad creada a tal efecto.

De este modo, Francisco Granados, antigua mano derecha de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, recibió sobres de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda -si se trataba de un chalet la comisión era más elevada- construida en los diferentes planes de desarrollo de Valdemoro entre los años 1999 y 2007 e incluso después, siendo ya consejero de la Comunidad de Madrid. Según su antiguo socio, obtuvo comisiones por miles de viviendas levantadas en ese periodo.

A la pregunta de si Granados fue partícipe en la recepción de comisiones para financiar campañas electorales del PP regional, el empresario aseguró que fue así en los comicios de 2007 y 2011. “No lo he visto nunca, pero supongo que sí por comentarios que él hacía, hay que pagar esto o lo otro”, aseveró ante el magistrado. “En estos casos, el que parte y reparte se queda la mejor parte”, agregó.

Marjaliza narró al juez su relación con los sucesores de Granados en la Alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza Lechuga, y con representantes públicos aún en activo como Jaime González Taboada, que era el que “mangoneaba” cuando se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, conocido como el Plan Prisma. Este negó “rotundamente” las acusaciones y anunció que va a interponer acciones legales, de carácter civil y penal, por delitos contra el honor dada su “absoluta falsedad”.

No fue el único, ya que entre los muchos dirigentes políticos a los que señaló el empresario, el exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, y el actual senador, diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz del PP de Getafe, Juan Soler, anunciaron que presentarán querellas por injurias y calumnias.

David Marjaliza describió asimismo ante el juez la ingente destrucción de buena parte de la documentación sobre el funcionamiento de la red tras ser avisado por Francisco Granados de que le estaban investigando: “Me ayudó gente de mi oficina. Llenamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar”.