En noviembre de 2011 el Parlamento Vasco, a iniciativa de PSE y PP que por aquel entonces sostenían al Gobierno de Patxi López, aprobaba una modificación de los requisitos que se exigía a aquéllos que se acogían a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Introducía dos cambios importantes: por un lado, en el plazo de un mes Lanbide pasaría a gestionar estas ayudas y, por otro, se exigía tres años de empadronamiento en algún municipio vasco para los perceptores.

En aquel Pleno, casi de forma profética, la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez advirtió de que la inmediatez de los cambios previstos iba a provocar “un caos y la saturación de los servicios de Lanbide”. En efecto, así ocurrió. Lo realmente extraño es que se haya tardado casi cinco años en plantear revertir lo que se ha comprobado que no funciona. Sobre todo porque quienes avisaron entonces llevan casi cuatro gobernando.

El proceso de transferencia de datos desde las diputaciones al Gobierno Vasco duró seis meses que pusieron de manifiesto uno de los mayores desastres administrativos que se recuerdan en Euskadi. Una realidad que chocaba con los planes y las explicaciones, muy lógicas si se hubieran puesto los medios suficientes para cumplirlos, que ofrecía la entonces consejera Gemma Zabaleta: “Desarrollar una política social basada en el empleo y no en el subsidio”. Se equivocó en los cálculos y en el momento, aunque la teoría iba muy bien encaminada.

En esto llegó el PP, y más en concreto Javier Maroto, a recoger como agravio lo que su propio partido había sembrado. Sí, el mismo PP que impulsó aquel endurecimiento en las condiciones de acceso a la RGI, era el que convertía de la noche a la mañana en malo lo que dio por bueno dos años antes. Y desde entonces, pese a que le costó la Alcaldía de Gasteiz, el PP vuelve como la burra al trigo con esta cuestión cada vez que se acercan elecciones.

Ahora, la estrategia del PP pasa por mezclar dos cuestiones: el funcionamiento del sistema (ya se ha comprobado que no es el mejor) y cuestionar de paso el propio sistema. Como aderezo, un clásico que ha visto que funciona bien en otros lares europeos: el señalamiento del inmigrante como elemento que se aprovecha de los impuestos de quienes “son de aquí”. De Andrés lo ha tenido fácil al echar mano del “efecto llamada” que citó el propio consejero Toña para explicar por qué convenía anular la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) en Gipuzkoa. Mucho más claro era Maroto que señaló directamente a argelinos y marroquíes sin que de momento haya pedido perdón por marcar por razas (eso es el racismo) comportamientos incívicos.

En realidad, el PP monta mucho ruido alrededor de esta cuestión pero no es capaz de explicar cuál es su modelo final. Igual acabamos antes si propone suprimir la ayuda. De hecho, allá donde gobierna el PP no existe nada parecido.