Gasteiz - Durante un año que se hizo muy largo, el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, lanzó una campaña previa a las elecciones municipales en la que, con la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos como banderín de enganche, hizo suyo el discurso de la derecha xenófoba más radical de Europa -en pleno auge en la actualidad, por cierto-, generó tensiones nunca antes vividas en Gasteiz, extendió su mensaje por el resto de Euskadi, y gracias a todo ello mejoró su resultado de 2011 y ganó con holgura las elecciones. Ganó, pero no arrasó, y se encontró, no sólo con que nadie quería respaldar su elección como alcalde, sino con que todos los demás estaban dispuestos a unirse para no dejarle gobernar.

El PP vasco no quiere volver a pasarse de frenada, y ayer los parlamentarios Borja Sémper y Laura Garrido anunciaron en la Cámara vasca que van a volver a promover la reforma de la RGI con las 40.000 firmas recogidas en la calle como aval, pero “con serenidad, con argumentos y mediante un debate razonable”, señaló Sémper, que no tuvo reparos en hacer autocrítica. “Se han dicho cosas muy gruesas en los debates, probablemente tan gruesas que son injustas, que nos han alejado de la capacidad de ir al fondo de la cuestión, que es dotarnos de la mejor herramienta posible”.

Cabe pensar que, como ocurrió cuando Maroto lanzó su campaña, la recuperación del debate sobre las ayudas sociales a medio año de los comicios autonómicos tenga un sesgo electoralista. Ayer el PP lo negaba tajantemente y apelaba a la necesidad de que “la solidaridad de los vascos sea bien gestionada y la ayuda llegue a quien más lo necesite; es un debate que está en la calle y en el propio Gobierno Vasco, y creemos que debe estar también en esta Cámara”, señaló el portavoz del PP en el Parlamento.

Garrido, por su parte, afirmaba que el objetivo de su propuesta -que plantea exigir permiso de residencia y cinco años de empadronamiento mínimo en Euskadi para acceder a la RGI, o incluir en el sistema a personas que tengan patrimonios a su nombre y a quienes sufren pobreza energética- es “hacer la solidaridad sostenible en el tiempo”.

Ayer ya no se hablaba de “jetas”, sino de “mala gestión” o “situaciones abusivas”, de que los beneficiarios de las ayudas sociales tengan “una oportunidad de futuro”, o de las carencias de Lanbide; en definitiva, de crear un sistema “justo”. Según Garrido, con la recuperación de este debate el PP no hace sino “coger el testigo de los miles de vascos que quieren que las cosas cambien y que recibieron un portazo cuando trajeron 40.000 firmas al Parlamento”. Según Sémper, los populares se dejarán “la piel en ello”.