barcelona - El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont impulsará con carácter de urgencia una nueva ley catalana para dejar “sin efectos prácticos” el recurso al Tribunal Constitucional sobre la ley de pobreza energética y emergencia de vivienda. Es la principal medida que anunció Puigdemont en una reunión con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, todos los grupos parlamentarios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros ediles, así como representantes de entidades sociales, entre ellas la promotoras de la ILP.
Un encuentro para hacer frente al recurso del Gobierno central en el que los alcaldes presentes de las principales ciudades catalanas -Barcelona, Badalona, Tarragona, Terrassa, Sabadell, L’Hospitalet, Lleida, Girona y Santa Coloma de Gramanet, entre otras- han acogido favorablemente la medida propuesta de Puigdemont. Aunque los ediles reclamaron al Govern que se desplieguen las partes no recurridas de dicha ley, como alertó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que incidió que la ley suspendida parcialmente por el TC “sigue plenamente vigente, porque la necesidad es plenamente vigente”.
Puigdemont se comprometió a “dejar sin efectos prácticos” la suspensión del TC derivada del recurso del Gobierno central. La vía escogida es impulsar una nueva ley “para sustituir todo aquello suspendido” pero que recoja también lo que no se anulará, con el fin de que la normativa integre todos los elementos para dotar al ámbito local, a la Generalitat y a los actores sociales de las “herramientas para dar respuesta de país con argumentos sólidos”.
El president anunció que hoy mismo el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, el grupo promotor de la ILP y el Consejo de la Abogacía iniciarán los trabajos para un proyecto de ley “de lectura única” que regule lo que el Gobierno central quiere “limitar” y que se tramitará “con toda la celeridad” que permita el Parlamento catalán. Puigdemont alertó de que son necesarias “soluciones rápidas” y de forma “coordinada” porque “uno de los temores, ha dicho, es que haya una ola de desahucios tras el recurso” al Constitucional. - Efe
