MADRID. La XI Legislatura, que será la más corta de la historia reciente, ha permitido sacar adelante un Real Decreto, el que prorroga la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con cargas familiares, mientras que otras muchas proposiciones de Ley y no de Ley se han quedado en el tintero.
A la espera de que se confirme la disolución de las Cortes y la nueva convocatoria electoral para el 26 de junio, la mayoría de los grupos parlamentarios aseguran a Efe que volverán a retomar las iniciativas decaídas.
"En las políticas económicas ha habido mucho acuerdo", señala el portavoz de Hacienda del grupo socialista, Pedro Saura, que incide en que en estos cuatro meses "se ha visto un Parlamento diferente, con la necesidad de reorientar la política económica".
Hasta el último día de actividad parlamentaria se han aprobado iniciativas que pedían nuevos planes de infraestructuras, de impulso al carbón autóctono o para garantizar el futuro de los astilleros de Navantia.
Algunas de estas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que instaba a negociar un calendario de alzas para que este sueldo se situara en el 60 % del salario medio neto.
"El empleo, la recuperación económica, unos salarios dignos y la protección social para los autónomos son ejes para Democracia i Libertad (DiL)", afirma su portavoz Carles Campuzano, que recuerda que "cuando vuelvan a constituirse las Cortes volveremos con esta agenda".
"Hay políticas económicas a corto y medio plazo que son fundamentales y España no puede permitirse el lujo de arrojarlas un año entero sin tomar decisiones", subraya, tras puntualizar que DiL también apoyará la petición de una Comisión de investigación sobre los papeles de Panamá.
La lucha contra el fraude fiscal ha sido uno de los puntos de coincidencia que han unido a PSOE, Podemos y Ciudadanos (C's).
"Yo creo que habrá consensos en este sentido", augura el portavoz económico de C's, Toni Roldán.
El dirigente de la formación naranja señala a Efe que su partido insistirá para exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno "perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal al cobrarles el 3 % en lugar del 10 % por el afloramiento de activos irregulares".
"Hay que asegurar que estas iniciativas se implementen en la próxima legislatura. Es momento de seguir defendiéndolas", añade.
En el mismo sentido, Saura avanza que el PSOE volverá a plantear una comisión de investigación para ver la vinculación de los papeles de Panamá con los acogidos a la amnistía.
El primer pleno de la legislatura que termina se inició con la necesidad de retomar el consenso y debatir en la Comisión del Pacto de Toledo nuevas medidas que garantizaran el futuro de las pensiones.
Otra iniciativa muy esperada fue la denominada "Ley 25, de emergencia social", impulsada por Podemos y que el Congreso aprobó tramitar para enmendarla en comisión, aunque ha quedado aparcada hasta que la formación morada decida revitalizarla.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, ya señaló que las propuestas presentadas "no caen en vacío, porque todos los avances legislativos que vamos haciendo sirven".
También los autónomos o el desempleo juvenil han sido objeto de debate en el Congreso, que aprobó crear dos subcomisiones para estudiar mejoras en el sistema de cotización de los emprendedores y medidas de lucha contra el paro entre los jóvenes menores de 30 años, y que de nuevo deberán plantearse a futuro.
En la misma línea se dejan atrás propuestas como la que insta a desmantelar las instalaciones del almacén de gas Castor o la dirigida a pedir la bonificación del impuesto especial al carbón nacional.
