Tras la reunión que mantuvieron el pasado día 20 el presidente español en funciones, Mariano Rajoy, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parecía que se abría un mínimo resquicio al entendimiento después de que el líder catalán trasladara al dirigente del PP un documento con 46 propuestas, incluyendo una serie de invasiones competenciales a las que poner fin. Sin embargo, en el transcurso de una semana la reacción de Moncloa ha sido presentar tres nuevos recursos -contra el impuesto a las viviendas vacías, la ley de igualdad y la que regula la actividad de los gobiernos locales- y vender otros tantos acuerdos en conflictos competenciales alcanzados entre ambas partes y que evitarán, según la versión de los populares, la presentación de nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La Generalitat se apresuró, no obstante, a rebajar dichos pactos, que afectan a tres leyes relativas a la protección de la infancia, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la gestión de la Administración catalana, afirmando que son de carácter “técnico”. Fuentes del Govern calificaron de “chocante”, en primer lugar, que el encargado de anunciar ayer esos acuerdos -alcanzados el lunes en la comisión bilateral que presiden la vicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría y el consejero de Exteriores del Govern, Raül Romeva- fuera el coordinador general del PP en Catalunya, Xavier García Albiol. Así, enmarcaron la comparecencia del exalcalde de Badalona en un intento de rebajar la tensión de cara a la reunión que mantendrán hoy en Madrid Sáenz de Santamaría y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, lo que supone a juicio de estas fuentes una “politización” de dicho encuentro.

El propio Junqueras afirmó ayer que “no me constan” los acuerdos sobre esos puntos conflictivos en los que había disputas competenciales. “No ha habido movimientos de la Generalitat”, agregó en vísperas de su encuentro con su homóloga española, que fue uno de los pocos compromisos que salieron de la reunión de la semana pasada entre Puigdemont y Rajoy. Respecto a los pactos alcanzados el lunes entre ambas partes, desde el Govern matizaron que el referente a la remodelación del Instituto Catalán de Finanzas se produjo entre los servicios jurídicos de los dos ejecutivos antes de la reunión en Moncloa de los presidentes español y catalán. Agregaron que también hubo un entendimiento de carácter “técnico” en el ámbito de la infancia, pero en este caso para que el Govern no recurra al Constitucional la ley del sistema de protección a la infancia. En cuanto a la simplificación de la actividad administrativa del Govern, indicaron que se ha llegado a acuerdos solo sobre la mitad del contenido.

En este contexto, el Tribunal Constitucional anuló ayer la ley catalana que grava la producción de energía eléctrica nuclear, impugnada por el Ejecutivo español en julio del año pasado, al entender que vulnera las leyes de financiación autonómica porque coincide con otro tributo similar de ámbito estatal, por lo que la declaró inconstitucional.