BILBAO - Hijo del juez Luis Portero, asesinado por ETA el año 2000, Daniel es el presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), una asociación de víctimas que ayer decidió rechazar un acuerdo de conformidad con Arraiz y la Fiscalía, al contrario de lo que hizo el pasado mes de enero en la causa contra 35 dirigentes de Batasuna arrestados en Segura. Gracias al pacto eludieron su ingreso en prisión. Arraiz puede no correr la misma suerte.
¿Por qué en enero DyJ se avino a un acuerdo de conformidad con los 35 dirigentes de Batasuna detenidos en Segura y ahora no quiere pactar con Hasier Arraiz?
-En la sentencia de los de Segura no se respetó lo pactado: que la inhabilitación especial a los encausados afectaría también al ámbito autonómico, no solo a los ámbitos europeo, nacional, provincial y local. Pedimos al tribunal una aclaración de la sentencia y nos mandó a paseo. Luego nos dijeron que fue un error de la Fiscalía. Eso a mí me genera como mínimo una duda. Además, si en este caso nos aviniéramos a un acuerdo, incumpliríamos los estatutos de la asociación.
¿En la causa de Segura no los incumplieron?
-Es distinto, porque en este caso se trata de un solo encausado y entonces eran 35. No es el mismo riesgo perder un juicio por 35 personas que por una sola persona.
¿Cree que fue un error deliberado?
-No puede ser deliberado, pero es mucha casualidad: hasta dentro de tres años no habrá elecciones municipales; las nacionales [generales] no iban a celebrarse y si las hay va a ser porque los partidos no van a llegar a un acuerdo; y elecciones europeas no hay hasta dentro de cuatro años. A nosotros una inhabilitación a las elecciones para el Parlamento Vasco por solo dos años no nos sirve de nada. Se ha incumplido la mitad del pacto. Ha sido una engañifa. Me da igual que haya sido un error, el tribunal podía haberlo aclarado y no lo ha hecho.
Además de los criterios jurídicos, ¿hay razones de fondo para el rechazo a un acuerdo con Arraiz?
-No, ninguna. A nosotros nadie nos había engañado antes. Ahora sí. Y la consecuencia es que 35 miembros de ANV y EHAK se pueden presentar sin problemas a las elecciones autonómicas vascas.
Ahora que la violencia de ETA ha desaparecido, ¿tiene sentido continuar con este tipo de procesos judiciales?
-Las asociaciones de víctimas tenemos unos estatutos que cumplir. En 2014 la Fiscalía nos ofreció un acuerdo de conformidad para 40 miembros de Segi. Lo rechazamos porque entendíamos que el proceso judicial debía seguir su curso. Nunca se hizo pública la propuesta de pacto, pero existió. Al final fueron absueltos todos. Nosotros también cometemos errores judiciales, pero no respecto a los principios morales y estatutarios que no debemos sobrepasar.
Si su posición es de rechazo a todo acuerdo, ¿por qué rompieron esa actitud en el caso de Segura?
-Porque, sinceramente, veíamos el juicio perdido. El pacto fue al final del juicio, cuando ya lo veíamos perdido, porque era evidente. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, tiene que escoger lo menos malo.
Sea por táctica o por otra consideración, ¿seguirán explorando la vía del acuerdo de conformidad en otras causas?
-No, aquello fue muy puntual, porque sabíamos que íbamos a perder el juicio y era un mal menor. La tónica general va a ser la del rechazo a cualquier pacto de conformidad, porque incumpliríamos nuestros estatutos.
El que sí parece que va a presentarse como candidato a lehendakari es Arnaldo Otegi. ¿Van a tratar de impedirlo?
-A instancia de DyJ, el tribunal le inhabilitó para concurrir a las autonómicas. Va a tener muy complicado presentarse. Nosotros pusimos en conocimiento del tribunal la ejecución de la sentencia. El auto de inhabilitación es muy contundente y creo que si la Junta Electoral vasca le autoriza podría incurrir en alguna desobediencia judicial. Tiene que tener cuidado porque cuando uno desobedece un auto incurre en delito. No hay más que acordarse del caso Atutxa y cómo terminó el entonces presidente del Parlamento Vasco: condenado. Además, si pasa el filtro de la vía administrativa, llegará a lo contencioso y, por tanto, el abogado del Estado estará pendiente de ello.