bilbao - Cinco miembros de Ekin suscribieron ayer un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el que se muestran conformes con la condena y admiten los hechos a cambio de eludir el ingreso en prisión. Un pacto prácticamente idéntico al que firmaron los 35 acusados de reconstruir la Mesa de Batasuna y que supuso igualmente evitar el encarcelamiento. El gesto podría tener continuidad si la Fiscalía ofrece el mismo acuerdo a otro de los implicados en la causa de la Mesa de Segura, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que deberá declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 9 de mayo. Esos pactos suponen un hito, ya que hasta la fecha esa clase de juicios no se cerraban de conformidad. Son una plasmación práctica de la apuesta por las vías legales que propone la izquierda abertzale a los presos, al haber constatado que la solución no llegará de una mesa de negociación con el Estado. El colectivo oficial de presos, EPPK, se encuentra inmerso en un proceso de reflexión que se desconoce si desembocará en la aceptación de la legalidad penitenciaria en su globalidad para obtener permisos de salida o progresiones de grado, que exigen reconocer el daño causado. Hasta ahora, los presos que se acogían a beneficios realizando una reflexión crítica del pasado habían sido expulsados del colectivo.

El acuerdo de ayer beneficia a cinco miembros de Ekin detenidos en enero de 2011 y acusados de coordinar a las distintas organizaciones de la izquierda abertzale como desdoblados del aparato político de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals solicitaba penas de diez años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante doce años por un delito de pertenencia a organización terrorista. Los acusados han llegado a un acuerdo con el fiscal que supone rebajar la sentencia a dos años de prisión e inhabilitación, aceptando una condena por “integración en organización terrorista”. A pesar de esa condena, en principio no entrarán en prisión, tal y como explicaron ayer en una nota los acusados Gorka Zabala, Gorka Mayo, Iker Moreno, Iñigo González y Jon Patxi Arratibel.

Según informó Europa Press, la condena pactada incluye un “compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y el sufrimiento que se les ha causado”. La Fiscalía cree que Ekin ha preservado su actividad en la clandestinidad, y que se financiaba a través de rifas y colectas en las txosnas. El acuerdo llega en un momento en que ATA, un sector crítico con la línea oficial, ha pedido a los presos que no se plieguen a la legalidad y mantiene posiciones de máximos que pasan por exigir la amnistía o liberación de los reclusos sin ajustarse a ninguna condición. El portavoz de Sortu Pernando Barrena cargó ayer con dureza contra el colectivo por defender posiciones “bastante ochenteras”.

COMUNICADO DE ETA A su juicio, su planteamiento es “extremadamente minoritario” y “embarra la búsqueda de soluciones”. En una entrevista en ETB, le recriminó que no tenga “ni una sola idea que aporte soluciones efectivas y reales”. “Es bastante iluso pensar, en estos momentos, en indultos o voluntades políticas de Madrid”, dijo. Una comunicación interna de ETA revelada ayer por Gara también criticaba a ese sector por plantear una postura de mera resistencia y propiciar la división. Asimismo, EH Bildu y su homóloga en Iparralde, EH Bai, llamaron ayer a acabar con la dispersión, liberar a los enfermos y aceptar las solicitudes para acceder a la libertad condicional. Se han sumado a la marcha que recorrerá Bilbao el domingo para respaldar a los presos si deciden explorar las vías legales.