GRANADA. El Juzgado que instruye la supuesta trama de corrupción urbanística en Granada, por la que han sido detenidas dieciséis personas, entre ellas el alcalde y la edil de Urbanismo, investiga posible cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado, a estos delitos se suman además los de administración desleal y contra la ordenación del territorio.
En total son diecisiete, de ellas dieciséis arrestadas, las personas investigadas con el fin de aclarar la existencia de una trama corrupta en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada dentro de unas diligencias, declaradas secretas, que dirige la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada.
Las personas investigadas a las que la policía ha dejado en libertad serán citadas para prestar declaración en sede judicial "en los próximos días", según el TSJA.
El Juzgado instructor está llevando a cabo hoy las diligencias de investigación, con entrada y registro en distintos domicilios particulares, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a Granada, en virtud de dos querellas de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que la causa no se circunscribe de forma exclusiva al conocido como caso Serrallo por supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza, destinada a zona verde y donde se autorizó un espacio de ocio.
Según estas fuentes, algunas de las irregularidades investigadas irían más allá de esa actuación urbanística y estarían relacionadas con la recalificación de terrenos, que multiplicaba su valor y favorecería así a determinadas empresas.
El alcalde, José Torres Hurtado (PP), ha quedado en libertad tras ser interrogado por la Policía que lo mantiene en calidad de investigado a la espera de que la juez decida si lo llama a declarar.
Algunos de los funcionarios detenidos han asegurado por su parte que no tenían conocimiento de "ninguna actuación irregular" y que todo estaba "perfectamente en regla", según el abogado Ernesto Osuna, que representa a varios de los investigados y a la propia concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.
