Ejecuciones en el mundo, una cifra récord tras una mayor investigación

Por tanto, la mala noticia sería que se ha registrado una cifra mayor de casos (573 ejecuciones más). La positiva, que las ONG van logrando desenmascarar una realidad recurrente, y que contraviene todos los discursos políticos sobre Derechos Humanos. Otra noticia esperanzadora consiste, señala Escaño, en que “cuando Amnistía Internacional empezó a hacer campaña por la abolición de la pena de muerte en 1977, sólo la habían abolido totalmente 16 países, mientras que hoy la tendencia global a largo plazo es hacia la abolición”. En 2015, el número de estados abolicionistas en la ley o en la práctica alcanzó los 140, tras derogar también su imposición Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam. 58 naciones se consideran retencionistas, indica el experto.

Pero Amnistía Internacional no usa paños calientes a la hora de denunciar la situación de la pena capital. En el informe publicado el día 6, AI se ha centrado exclusivamente en las ejecuciones judiciales, llevadas a cabo por la vía judicial, “lo que convierte a los Estados en verdugos. Una imagen que solemos difundir por las redes lo deja muy claro: ¿Qué diferencia al que mata del que mata al que mata? Matar es matar. La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante”, define Carlos Escaño.

Crueldad y falta de transparencia

Si bien China ostenta el peor lugar de la lista de países ejecutores en 2015, con más de 1.000 casos, las cifras se han engrosado a causa de estos tres países árabes, en los que las arbitrariedades de los tribunales de la ‘sharia’ provocan casos tan duros como el de mujeres ahorcadas por matar a los hombres que estaban intentando violarlas o lapidaciones por “adulterio”.

“Irán no es un Estado transparente en el uso de la pena de muerte, no conocemos con exactitud el número de ejecuciones”, indica Carlos Escaño. En el caso de Pakistán, el abogado y experto en Cooperación Internacional tiene en consideración “que había levantado su suspensión de las ejecuciones de civiles el 17 de diciembre de 2014, a raíz del ataque talibán contra una escuela en Peshawar, en el que murieron al menos 149 personas -132 niños-. En un primer momento, se levantó la suspensión con el fin de posibilitar ejecuciones por delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, en febrero de 2015 las autoridades comenzaron a ejecutar a presos condenados por otros delitos. Pakistán ha seguido ejecutando sin descanso, y el número de ejecuciones que AI registró en 2015 (326) es el número más alto jamás contabilizado en Pakistán en un solo año”, enumera Escaño.

De todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89% fueron llevadas a cabo en Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Irán contaría con casi 1.000 y Arabia, con 158 declaradas. Hay que tener en cuenta que Amnistía Internacional recoge cifras oficiales, información de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, y por otras organizaciones civiles, así como datos publicados en medios de comunicación.

AI recibió información, un año más, de cómo en Irán y Pakistán ejecutaron a menores de 18 años, y que había adultos condenados a muerte por delitos cometidos siendo menores. En el caso de las mujeres, si bien la mayoría de los ejecutados fueron hombres, en Irán se ejecutó al menos a 16 mujeres y en Arabia, a 4. Escaño refiere que dos mujeres fueron condenadas a morir lapidadas por “adulterio” en Maldivas y Arabia. Finalmente fueron conmutadas.

El crimen, “secreto de Estado”

El gigante asiático sigue siendo noticia, entre otras razones, por su control sobre sus ciudadanos, a través de dudosos métodos. Además, como recuerda el corresponsal vasco Zigor Aldama, veterano informador desde Asia, se trataría del país que más presos ejecuta, bajo acusaciones de asesinato, violación, secuestro, robo, corrupción, organización de actos subversivos... 2015 no es el primer año en que despunta, sino que es una tendencia que se repite. Amnistía Internacional cree, basándose en el seguimiento permanente de la evolución del sistema de justicia penal chino, que sigue ejecutando a miles de personas al año. Sin embargo, hay indicios de que el número de ejecuciones ha disminuido desde que el Tribunal Supremo Popular empezó a revisar la pena de muerte en 2007.

El número de ejecuciones descendió respecto de 2014, pero AI advierte de las limitaciones para corroborar los datos en este país, como en Irán y Arabia Saudí. En China, los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían en 2015 clasificados como secreto de Estado.

Los países que más ejecutan “son también aquellos en los que la imparcialidad del sistema de justicia suscita gran preocupación, como China, Irán y Arabia Saudí”, señala el experto. “Las 154 exoneraciones de condenados a muerte registradas en Estados Unidos desde 1973 demuestran que, por muchas salvaguardias legales que existan, ningún sistema de justicia está libre de error. Mientras la justicia humana siga siendo falible, no se podrá descartar el riesgo de ejecutar a una persona inocente”.

“Aplastando” a minorías y disidencias

Carlos Escaño, tras una vida dedicada a estas investigaciones, incide en que “la pena de muerte se impone de forma discriminatoria afectando especialmente a minorías étnicas o religiosas, así como a la disidencia política. Un ejemplo de ello fue la ejecución de Sheikh Nimr al Nimr y otras 46 personas el pasado 2 de enero en Arabia Saudí. Esto sugiere que las autoridades de este país utilizan la pena de muerte en nombre de la lucha antiterrorista para saldar cuentas pendientes y aplastar la disidencia”.

Esas personas “habían sido detenidas por participar en protestas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, mayoritariamente chií, en 2011, y por pedir reformas políticas”.

José Luis Fanlo, periodista y miembro de la Comunidad Bahá’í en España, recuerda que “hay que tener en cuenta que si se mata a un/a bahá’í la justicia iraní no investiga ni persigue el delito. Es más, se alienta a la población a atentar contra los bahá’ís como un hecho benefactor para la comunidad”. Así, unos 300 bahá’ís han sido asesinados en el país de Oriente Medio desde 1978.

La información es poder

En este informe, Amnistía Internacional sólo registra el uso judicial de la pena capital, penas de muerte impuestas y ejecuciones llevadas a cabo tras fallos de los tribunales establecidos por las autoridades del país o región. Así, aclara Carlos Escaño, las ejecuciones de grupos armados como Estado Islámico o Boko Haram no son judiciales. Igualmente pasa con las más de 250.000 muertes causadas en la guerra de Siria, por ejemplo.

“Con frecuencia, el público cree erróneamente que la pena de muerte reducirá la delincuencia. Muchos gobiernos se apresuran a promover esa creencia, incluso sin pruebas”, señala Escaño, quien dice que la opinión pública desconoce la ausencia de garantías procesales en dichos juicios “y la naturaleza discriminatoria de la pena de muerte”.

Por otra parte, Jesús González Pazos, de Mugarik Gabe, subraya cómo en Centroamérica no hay pena de muerte “legal”, pero sí “ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de defensores de los Derechos Humanos. No son sometidos a juicios, pero los homicidios de esas personas se suceden”. Pazos recuerda que las autoridades de países como Guatemala u Honduras, en connivencia con las transacionales norteamericanas, alientan “estructuras que permiten o dan cobertura” a asesinatos y frecuentes feminicidios como “arma de guerra”. Tanto Pazos como Escaño recuerdan a la activista indígena Berta Cáceres, asesinada recientemente.

Mongolia adoptó en diciembre un Código Penal que abolía la pena de muerte para todos los delitos a partir de 2016; Pensilvania decretó una moratoria de las ejecuciones en febrero; China y Vietnam redujeron el número de delitos punibles con la muerte y Malasia revisará las leyes relativas a pena de muerte. Burkina Faso, Guinea, Kenia y Corea del Sur estudian proyectos de ley para abolirla. En Siria, “debido al conflicto, no hemos podido confirmar si las ejecuciones se llevaron a cabo”, indica Carlos Escaño, quien mira a diciembre de 2016, cuando “esperamos que la presión sea mayor y se incremente el número de Estados que se unan a la petición de la abolición universal”.