gasteiz - El Gobierno Vasco ha incorporado a la memoria de los años de violencia en Euskadi el sufrimiento de las personas amenazados por ETA a través de un informe que, además de aproximaciones estadísticas, disecciona el dolor padecido por estas víctimas, a las que se debe “una rehabilitación social y moral”. El estudio aborda esta realidad desde dos perspectivas, una cuantitativa, que cifra en unas 3.300 personas las amenazadas que tuvieron que llevar escolta, y otra cualitativa, que se recoge las impresiones y testimonios de 15 de estas víctimas para describir su padecimiento y proponer una serie de conclusiones. Además, incluye en su parte final un dato llamativo sobre el total de ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca que han sido vigilados por ETA durante algún momento y cuya cifra alcanzaría las 13.658 personas a lo largo de dos décadas.
Ese número de vigilados se extrae de las más de 36.000 informaciones y documentos intervenidos a ETA por la Ertzaintza en operativos policiales propios -o de las fuerzas de seguridad española que luego han ido a parar a manos de la Policía vasca-, en declaraciones policiales de personas detenidas, o de los comunicados divulgados por la propia organización armada que anunció el cese de su actividad violenta y las extorsiones el 20 de octubre de 2011.
Según el estudio, los datos que manejaba ETA presentan diferentes niveles de información sobre el objetivo a vigilar. En el más básico solo figuraban informaciones relativas a nombres y apellidos, “sin cotejar ni ampliar más datos”. En un segundo nivel, aparecen datos sobre la identidad del vigilado, pero también otros como el domicilio, el coche y algunos detalles más, “en bruto y sin contrastar”. Y, por último, para los casos que pasaban a convertirse un objetivo de alguna extorsión o atentado, la organización armada contaba con una “información elaborada” que incluye las rutinas del perseguido, seguimientos o fotografías, todo ello “cotejado y ampliado para la identificación amplia del objetivo”.
Entre estas casi 14.000 personas que cita el informe, el grueso lo conforman los dos colectivos profesionales más castigados por ETA, al margen de las fuerzas policiales y el Ejército: los empresarios y directivos de empresas y los políticos y cargos públicos institucionales. Ambos grupos suman 8.200 vigilados, personas cuyos datos han obrado en manos de ETA. El siguiente colectivo es de los jueces y fiscales (383 personas marcadas), seguido de los periodistas (377), traficantes de drogas (205), profesores y profesionales de la enseñanza (71), y personas consideradas por la banda armada como confidentes (45).
El Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011) fue presentado ayer y ha sido elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco.
De esas más de 13.000 personas pinchadas por ETA, 3.300 tuvieron que ser escoltadas en la CAV en el periodo comprendido entre 1990 y el año en que la banda anunció el final de su actividad armada, de las cuales 1.619 fueron escoltadas con cargo a los Presupuestos del Gobierno Vasco y otros 1.700 por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Este es el eje principal del informe cuyo objetivo es, en palabras del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, realizar una descripción cuantitativa y cualitativa del “sufrimiento injusto provocado a personas amenazadas por ETA y extraer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de víctimas”.
El criterio utilizado para definir a los amenazados ha sido la asignación de escolta, aunque los propios redactores del informe admiten que la metodología excluye a muchas personas que respondieron de otra manera a la amenaza, por lo que se parte de la base de que fueron muchos más los ciudadanos que sufrieron esta situación, tal y como explicaron ayer sus redactores, José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz y el presidente del Instituto Pedro Arrupe, Gorka Urrutia, en una rueda de prensa junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.
Más de dos tercios dispusieron de escoltas entre uno y cinco años, una quinta parte fue protegida durante una década y se han registrado al menos cinco casos de personas que vivieron con este servicio de seguridad desde 1990, tras el fracaso de las conversaciones mantenidas en Argel entre el Gobierno español y ETA a finales de la década de los 80.
El informe revela que el incremento en ell número de personas con escolta comienza en el año 1998 y alcanzó su primer pico en el 2003, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Partidos que propició la ilegalización de Batasuna y las sucesivas marcas electorales de la izquierda abertzale. En 2005, la organización armada decretó una tregua que supuso un ligero descenso en el número de personas con escolta. La vuelta a los atentados se tradujo en un ascenso continuado de uso de guardaespaldas hasta llegar al pico máximo en el año 2010 con 826 personas escoltadas.
Los testimonios recogidos en el informe han sido mantenidos en el anonimato y han sido identificados con un marcador. El de esta política amenazada (E13PJ) revela uno de los modus operandi de ETA en su acoso e intimidación.
La preocupación por preservar a la propia familia libre de la carga que conlleva la amenaza es un añadido al sufrimiento directo por la condición de amenazado, como en el caso de este empresario.
El alto coste emocional por la condición de amenazado venía acompañado de la necesidad de transformar hábitos para introducir precauciones que redujesen la exposición al peligro.
Una de las medidas de autoprotección más sencillas pero dolorosas fue la de esconder la propia condición y renunciar a mostrarse en público con naturalidad.
Entrevistado bajo el identificativo E3PJ, reconoce que en la comunidad de propietarios “no era una persona que gustara tenerla ahí. Yo lo entendía, en cierta manera eres un poco apestado”.
