BARCELONA - El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, soliviantó al Ejecutivo de Carles Puigdemont al enviar el miércoles una carta en la que amenazaba con establecer medidas “coercitivas” si la Generalitat no se atenía en 15 días para efectuar una retención de la disponibilidad de crédito. Ayer rebajó el cierre del déficit del pasado año de las administraciones públicas del 5,16% al 5% del PIB, pero para entonces ya había estallado la enésima batalla entre los Gobiernos español y catalán. Dicho de otro modo, Moncloa reclamó que el Govern realice una modificación presupuestaria que conllevaría la ejecución de severos ajustes. A la solicitud de Madrid respondieron desde Barcelona alertaron que “es inaplicable. Y no lo vamos a aplicar”.

Así se refirió al asunto el conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, tras mantener un encuentro de última hora con Puigdemont. El Gobierno español apuntó que la desviación catalana del déficit -impuesto en el 0,7%- había sido de dos puntos porcentuales, pero el también vicepresident apeló a la “discriminación flagrante” que supone que Catalunya, “que tiene el PIB más alto y que dedica más porcentaje a servicios sociales, al final sus partidas -presupuestarias- sean insuficientes y que el ministerio aún quiera imponer más recortes”. Junqueras, que se podría ver abocado a retocar los presupuestos aún pendientes de aprobación, retó al Ejecutivo en funciones a que “sean ellos los que nos digan como quieren hacerlo”, ya que su solución no pasa por aplicar “ningún recorte añadido a las políticas sociales”, más allá de los esfuerzos ya realizados. “No cerraremos hospitales, ni escuelas, por mucho que el Ministerio intente traspasar su responsabilidad”, censuró sobre una carta que desde el Govern tildan de respuesta a la solicitud de crédito que le realizaron a Montoro el pasado 18 de marzo. Se trata, según remarcó el secretario catalán de Economía, Pere Aragonès, de “una amenaza política muy clara”.

“El Gobierno no cumple con su parte del déficit y lo centrifuga a las comunidades”. Junqueras lo dijo alto y claro ayer, compartiendo una postura que otros máximos responsables territoriales mantuvieron, incluso con llamadas a la “rebelión”. La docena de cartas enviadas por Montoro a los infractores del déficit exigiendo medidas correctoras lograron abrir frentes en las comunidades en las que el PP no gobierna como Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria o Baleares, pero también generó una más edulcorada controversia en los territorios donde los populares tienen bastón de mando como Madrid o Castilla y León. En el primer grupo, donde los socialistas mantienen la postura más beligerante, llamaron a no cumplir y renegociar el reparto del déficit. En el segundo fueron mucho menos punzantes en sus críticas, pero apuntaron que no pueden estrecharse aún más el cinturón del gasto. Negando una “sublevación” autonómica, Montoro les invitó a “seguir reduciendo el déficit público” a un ritmo “compatible” con el crecimiento económico.

Euskadi se encuentra entre las tres cumplidoras -junto a Galicia y Canarias, que no tenderían que pagar intereses por los fondos de financiación que reciban-, si bien Montoro tampoco ha adelantado cómo premiará a la CAV, que cuenta con su propio régimen fiscal, por haber hecho los deberes en 2015.