MADRID - El Gobierno de Rajoy volvió a quedarse completamente solo en el Congreso en la sesión celebrada ayer. La oposición en bloque decidió llevarlo al Tribunal Constitucional por negarse a someterse a las sesiones de control, los plenos con preguntas que sirven al ejecutivo para rendir cuentas de su actuación. Algunos ministros ya han protagonizado plantes con el argumento de que su gobierno se encuentra en funciones, solo despacha las gestiones ordinarias y no tiene por qué someterse al examen del Congreso si no ha logrado su confianza en una sesión de investidura. A lo sumo, el Ejecutivo accede a rendir cuentas sobre cuestiones extraordinarias, como la política de refugiados. El Congreso planteará un conflicto de atribuciones en el tribunal, aunque será más bien un gesto simbólico, para reflejar su soledad política, con escasos efectos prácticos.

Y será así porque, en primer lugar, el Gobierno tiene un mes de plazo para presentar alegaciones antes de que se presente el recurso, lo que de entrada provocará que la denuncia llegue cuando ya no haya conflicto que resolver: el Congreso y el Senado ya estarán disueltos el 2 de mayo si es que no hay acuerdo para proclamar a un nuevo presidente español, de forma que no habrá lugar para el control; o bien habrá un Ejecutivo asentado y no en funciones si hay pacto, de modo que no habrá problemas porque volverán a operar con normalidad todas las sesiones plenarias. Además, al no haber precedentes, se entiende que el tribunal agotará el plazo de un mes del que dispone para decidir sobre el fondo del asunto, así que el proceso se alargará dos o tres meses.

Por último, el único valor del fallo será sentar jurisprudencia para casos futuros y, en caso de que conceda la razón a la oposición, sacará los colores a Rajoy, pero no podrá sancionarlo. El Constitucional siempre ha carecido de potestad sancionadora, y solo tras la reforma introducida por el PP puede tener esas atribuciones, pero únicamente en caso de desobediencia reiterada en el cumplimiento de sus sentencias.

críticas En cualquier caso, el debate sirvió para retratar la soledad de Rajoy, con intervenciones muy severas por parte de la oposición. El recurso fue aprobado por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones. Rajoy no estuvo presente en la emisión de votos. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, defendió que la “rebeldía declarada” por el Gobierno en funciones y su “desprecio” a dar cuenta de su gestión a los ciudadanos ponen en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional. Desde Podemos, Íñigo Errejón avisó de que la negativa puede derivar en posiciones contrarias al pluralismo. Por parte de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta vio en cuestión la separación de poderes. Los partidos vascos también se pronunciaron. Desde el PNV, Mikel Legarda acusó a Rajoy de eludir el control parlamentario e invocó igualmente la separación de poderes entre los niveles ejecutivo y legislativo. En EH Bildu, Onintza Enbeita lamentó que el Gobierno español necesite la confianza de la Cámara para algunas cosas, pero para otras le baste la “autoconfianza”. La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, se aferró a que Rajoy ha dado explicaciones sobre los refugiados, y dijo que una rendición de cuentas más amplia iría en contra de todos los informes de la Cámara.

Hoy seguirá el pulso con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien no acudirá a la comisión a la que ha sido citado para dar explicaciones sobre sus declaraciones sobre la justicia y los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido; y sobre sus opiniones acerca de las negociaciones de investidura, donde llegó a decir que ETA espera como agua de mayo un gobierno PSOE-Podemos.