El Congreso activa la vía para llevar al Gobierno ante el TC

Los grupos parlamentarios, salvo el PP, presentaron ayer en el Registro del Congreso una iniciativa que pondrá en marcha el procedimiento para recurrir ante el Tribunal Constitucional la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario. Al registro de la iniciativa acudieron, entre otros los socialistas Antonio Hernando y Meritxell Batet, Miguel Gutiérrez (Ciudadanos), Tania Sánchez (Podemos), Francesc Homs (Democràcia i Llibertat), Sol Sánchez (IU-UP) e Ignasi Candela (Compromís). El escrito lleva también la firma de Esquerra Republicana, el PNV y otras formaciones del Grupo Mixto como Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Los grupos solicitan expresamente que el texto que inicia el procedimiento se someta de debate en la próxima sesión plenaria, prevista para el día 5 de abril. Para ello, la Mesa del Congreso -donde PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen mayoría- deberá dar vía libre al escrito en su reunión del 29 de marzo y la Junta de Portavoces incluirlo en el orden del día del mencionado Pleno.

El objetivo que buscan con la iniciativa es que “se reponga al Congreso de los Diputados en el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales”, entre ellas el control parlamentario. A tal fin, y una vez que el texto lo apruebe el Pleno, se requerirá al Gobierno que reconsidere su negativa y, si no lo hace en el mes siguiente, se presentará el conflicto de atribuciones ante el TC, el cual tendrá entre dos y tres meses para resolver.

Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -que es la fija que debe ser mediante un acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados cómo se planteé el conflicto de atribuciones-, una vez que reciba el escrito de la Cámara baja, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

También durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse “en apoyo del demandante o del demandado”.

Durante el proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse dos o tres meses.

Los grupos, que apuntan que el Gabinete de Mariano Rajoy también debería someterse al control del Senado, sostienen, por el contrario que “el sometimiento del Gobierno al control político del Parlamento debe entenderse aún mayor cuando se trata de un gobierno en funciones, ya que el mismo no cuenta con la confianza originaria del Parlamento en su composición política actual, cuya legitimación democrática es directa y además le ha sido concedida más recientemente, por lo que ha de entenderse más cercana a la voluntad popular”. - E.P.