madrid - El PP decidió ayer abrir un expediente informativo general contra una cincuentena de personas, entre ellas la exalcaldesa Rita Barberá, por su implicación en el caso Taula que investiga el presunto blanqueo en el PP valenciano. La adopción de esa medida disciplinaria se produjo horas después de que la exregidora de Valencia anunciase que acepta la invitación a acudir a declarar voluntariamente ante el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el PP de la ciudad.
La decisión de Barberá recibió la comprensión del presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, quien señaló que el anuncio le deja “tranquilo” y consideró el gesto como “un paso importante”. Su visión contrasta con la que expresaron varios de sus subordinados, entre ellos los vicesecretarios Javier Maroto y Pablo Casado, quienes manifestaron que las explicaciones de la exalcaldesa habían sido “insuficientes”. El dirigente popular alavés llegó incluso a afirmar que la comparecencia de la exregidora no había “solucionado nada”. En la misma línea se pronunció el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. “Algunos nos hemos quedado con ganas de más, no son suficientes”, señaló.
Horas más tarde, el PP enmendó la plana a su secretario general y optó por la apertura del expediente a Barberá, le retira la protección y mueve ficha para marcar distancia con la exalcaldesa de Valencia.
El expediente informativo sobre el supuesto blanqueo de capitales en el partido en Valencia, afecta a todos los implicados en este asunto, ya sean investigados o no, incluida Barberá. La dirección del PP optó por esta medida un día después de conocerse el sumario y horas después de que la exalcaldesa aceptara la invitación del juez instructor de acudir a declarar voluntariamente.
pinchazos telefónicos Barberá aceptó el ofrecimiento del juez de Valencia que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el PP valenciano de declarar ante él, en el mismo día en que los concejales populares investigados en esa causa anunciaron que seguirán en el cargo y pedirán el sobreseimiento. Un día después de que el juez que instruye el caso Imelsa levantara el secreto de sumario de la pieza sobre el supuesto blanqueo, Barberá ofreció su segunda rueda de prensa en diecinueve días para anunciar que declarará ante el juez, y para recordar que el mandato del partido para dejar el acta es la apertura de juicio oral. Aseguró que colaborará “incondicionalmente” con la justicia, aunque no precisó cómo declarará ante el juez -que ofrece la posibilidad de hacerlo por escrito- ni cuándo.
En todo caso, la exalcaldesa indicó que explicará “la verdad” que conoce, y que no ha contribuido, ni ordenado, ni conocido ningún blanqueo de dinero ni una caja b en el partido, ni ha entregado ningún “dinero negro, ni existe financiación ilegal del PP ni hay una trama por dar mil euros”.
Sobre las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, rehusó pronunciarse, porque no sabe qué “intencionalidad” tienen ni si están “preparadas”. Revelan con detalle cuál era el procedimiento para blanquear, supuestamente, el dinero negro en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia. Y también apuntan a que la exalcaldesa, como mínimo, estaba al tanto de esta práctica.
Los pinchazos al teléfono de la exedil del PP María José Alcón (que en 2015 se casó con el exvicealcalde de Valencia y encausado en el caso Nóos, Alfonso Grau) son el eje central del caso. Según las conversaciones, Alcón le dice a su hijo por teléfono que en el partido “han hecho una trampa” y le revela que fue “Rita” quien le dio el dinero para blanquearlo.
El PP calcula que el número de afectados podría elevarse sobre el medio centenar y apuesta por iniciar las declaraciones del instructor con los implicados de inmediato para evitar que el proceso afecte a la campaña electoral de los comicios del 26 de junio, si se celebran. - DNA
