VITORIA - El escrito de acusación del fiscal Josu Izagirre sitúa en la cúspide de la supuesta trama de empresas pantalla al ex diputado foral de Administración Local y Equilibrio en Araba, Alfredo de Miguel, pero coloca en un nivel más o menos parejo a Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, a los que acusa de haber ideado junto al principal acusado el plan para obtener adjudicaciones y comisiones. Todos ellos tenían carné jeltzale por aquel entonces, pero acabaron abandonando la militancia de manera voluntaria aunque impelidos de alguna manera por la presión interna en el PNV. El propio De Miguel fue cesado por el entonces diputado general alavés, Xabier Agirre, aunque tras su detención fuera liberado sin fianza. La existencia de cargos en su contra fue argumento suficiente para que el diputado general decidiera actuar. Según el fiscal, fue De Miguel quien concibió el entramado de empresas, pero fueron los tres socios juntos quienes programaron las actuaciones. Aitor Tellería era burukide de la ejecutiva alavesa del partido y concejal en Gasteiz. Koldo Otxandiano era el ex director gerente del instituto foral de bienestar social.

Las ramificaciones del caso llegaron hasta el Gobierno Vasco, con contratos adjudicados durante el mandato del lehendakari Ibarretxe. El fiscal apunta a Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura acusado de adjudicar contratos a dedo a cambio de trabajos de consultoría que, al parecer, no llegaron a completarse. También se apunta a Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura.

El escrito menciona igualmente a la ex alcaldesa de Zambrana María Justina Angulo, por las operaciones para la recalificación urbanística. Al margen del territorio alavés, el fiscal señala a Iñaki San Juan, concejal del PNV en Leioa desde el año 2000 hasta 2004, y administrador de la empresa Errexal, una de las firmas que formarían parte del entramado de empresas pantalla. Se le acusa de asociación ilícita, fraude continuado en la contratación, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil y público, y tráfico de influencias. En total, la petición fiscal asciende a 19 años y un mes de cárcel.

En su texto de acusación, el fiscal deja claro que los delitos habrían revertido en su enriquecimiento personal, y no habrían beneficiado al partido. - DNA