El escrito de acusación publicitado ayer por la Fiscalía de Araba en el llamado caso De Miguel es un paso nada excepcional del procedimiento que se sigue y que tendrá su próximo hito en la apertura de juicio oral. En este sentido, lo llamativo de las penas y sanciones pedidas no se escapan a ningún observador, aunque sólo sea por comparación con las solicitudes realizadas por otros fiscales a otros acusados de delitos equivalentes. Pero, en la práctica, los cálculos del fiscal derivan del auto de apertura de juicio oral emitido por el juez instructor hace un año en virtud de los indicios delictivos que consideró que concurrían. Identificados los delitos, el fiscal ha tirado de calculadora.

También conviene recordar, aunque sobren las voluntades de hacerlo diluir en las interpretaciones lógicamente interesadas de la competencia política del PNV, que la presunta trama que deberá ser acreditada en el juicio es en todo caso un proceso orientado al lucro personal de individuos, no del partido político en el que un número de ellos se inscribían. El escrito del fiscal ha sido cuidadoso en ese sentido.

Con las reservas propias de la presunción de inocencia, lo cierto es que la contundencia y celeridad de la actuación de las instituciones gobernadas por el PNV -con ceses fulminantes- y por su propio presidente -al reclamar la entrega de carnés de los investigados- contrasta con actitudes de signo contrario, en diferido o no, de otras fuerzas políticas en circunstancias por todos conocidas. Esto no va a evitar que se hable de un supuesto caso PNV y de ahí debe este partido sacar sus lecciones. Un control mayor -el vigente no evitó este supuesto caso- de las actividades de los individuos que en su nombre acceden a las instituciones y la consolidación de procedimientos internos que permitan actuar con contundencia en esos casos es el mejor modo de transmitir a sus votantes y al conjunto de la ciudadanía la confianza que merece.