bilbao - La Justicia argentina investigará por delitos de lesa humanidad a 22 miembros de la antigua Batasuna y a 19 exjefes de ETA por crímenes cometidos entre 1994 y 2004. Entre quienes serán investigados se encuentran históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia o Karmelo Landa; el actual portavoz de EH Bildu en el Parlamento navarro Adolfo Araiz; o responsables de la organización armada como Xabier Garcia Gaztelu Txapote, Garikoitz Aspiazu Txeroki, Mikel Albisu Mikel Antza o Marixol Iparragirre Anboto. En la lista de personas a investigar aparece también Gorka Martínez, quien fuera dirigente de Herri Batasuna, pero que falleció en 2002.
Según informaba ayer Europa Press, en su resolución la Cámara Criminal y Correccional Federal admite a trámite un recurso presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra el archivo de la querella que interpuso para que los tribunales argentinos investigaran, bajo el principio de la justicia universal, los crímenes de los concejales del Partido Popular en Renteria José Luis Caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente. Según se señalaba en el recurso, Caso, de 64 años, y Zamarreño, de 42 años, “fueron amenazados con el objeto de lograr su expulsión del País Vasco, para después ser asesinados por la banda terrorista ETA primero uno y después otro”. Dignidad y Justicia, asociación presidida por Daniel Portero, cuyo padre también fue asesinado por ETA, asegura que los atentados contra los ediles populares “formó parte de la política de persecución de la organización y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen”.
atentados sin esclarecer En la petición, el abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, argumentó que la Audiencia Nacional admitió investigar por lesa humanidad solamente los crímenes cometidos por ETA a partir del 1 de octubre de 2004, cuando este delito fue incorporado al Código Penal español. Sin embargo, según especificó ayer Rodríguez Arias, con anterioridad a 2004 todavía existen “377 víctimas mortales de asesinatos selectivos y masacres en la impunidad que siguen sin esclarecerse”. El abogado de esta asociación, que es experto en Derecho Internacional, añadió que “ninguno de los más de 100 asesinatos por ETA pretendidamente prescritos en España, lo estaría en Argentina de ser reconocida la lesa humanidad”.
En un primer momento, el fiscal federal del país Juan Pedro Zoni sostuvo que la causa que pretendía Dignidad y Justicia no podía ser impulsada, lo que motivó que el juez cerrara el caso. Ahora, sin embargo, los magistrados de la Sala II de la Cámara Federal, Eduardo Guillermo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani han anulado dicha resolución al tratarse de un proceso que “excede una mera cuestión procesal” en tanto que afecta a derechos y garantías protegidos en la Constitución argentina, que no pueden ser “privados a los lesionados” mediante la atribución exclusiva al Ministerio Fiscal. “Esta postura, que ostenta la máxima entidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad encuentra su fundamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, y en las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, razonan en su dictamen, para añadir que la decisión de archivo incurrió en una falta de motivación.
En la lista de gente a la que Dignidad y Justicia ha pedido que sea investigada se encuentran dirigentes históricos de la izquierda aber-tzale como Rufi Etxeberria, Itziar Aizpurua, Karmelo Landa o Floren Aoiz. También está quien fuera candidato de EH Bildu en las elecciones al Gobierno de Nafarroa, y en la actualidad es portavoz de la coalición soberanista en el Parlamento foral, Adolfo Araiz. Por lo que respecta a los exjefes de ETA que aparecen en el listado se encuentran, entre otros, los portavoces el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) Mikel Albisu y Marixol Iparragirre.
Otras causas Esta misma Cámara Federal fue la que decidió investigar los crímenes del franquismo. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas del franquismo y organismo de Derechos Humanos, presentaron en Argentina una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. Sin embargo, en un primera instancia, el entonces fiscal federal, Federico Delgado, no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación que entonces llevaba a cabo el juez español Baltasar Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo español se expida sobre el punto”.
Sin embargo, al final la Sala II de la Cámara Federal admitió a trámite la demanda presentada por familiares de víctimas del franquismo y encargó a la juez María Servini de Cubria que se hiciera cargo de la misma. La magistrada se ha trasladado varias veces al Estado español para entrevistarse con víctimas y reclamó la extradición, entre otros, del exministro franquista Rodolfo Martín Villa por los asesinatos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, una demanda rechazada por la justicia española.
