gasteiz - A finales del mes pasado tuvo lugar una nueva convocatoria del Foro Social para impulsar el proceso de paz, un encuentro que contó con la presencia del mediador sudafricano Brian Currin y donde las reflexiones se centraron en el desarme de ETA. Ayer se hicieron públicas las conclusiones, que apuestan por un desarme que lleve a la destrucción de las armas. Piden crear una comisión de monitoreo con la participación de agentes internacionales y que cuente con el aval de las instituciones vascas, aunque no se aclara el papel que debería desempeñar el Gobierno de Urkullu más allá de certificar que en su territorio no queden armas. El lehendakari se ha mostrado dispuesto a recibir el arsenal para cerrar la página de la violencia, pero la izquierda abertzale ha propuesto vías intermedias en las que diluye su intervención en un revoltijo de agentes sociales, lo que parece dirigido a que actúe de mera comparsa para dar un halo de legitimidad al proceso con la finalidad última de forzar al Ejecutivo español a que se implique y sea el depositario de las armas. La vía de Madrid parece cegada, al menos si no se sustancia un cambio de gobierno, porque Rajoy ha rechazado la vía del desarme ordenado y ha volcado sus esfuerzos en las detenciones.

En el texto del Foro Social (impulsado por Bake Bidea, Uharan, Gernika Batzordea y Antxeta Irratia) se menciona que han tenido en cuenta la propuesta de desarme del Gobierno vasco. Propone crear una comisión de monitoreo conformada por los miembros de la Comisión Internacional de Verificación liderada por Ram Manikkalingam, y respaldada por las instituciones vascas, la sociedad civil y la comunidad internacional. Esa comisión debería mantenerse en contacto con los parlamentos y gobiernos de la comunidad autónoma vasca y Nafarroa. Cree oportuno que esos gobiernos, “dadas sus competencias en materia de seguridad y orden público en los territorios autonómicos”, pudiesen contar con “mecanismos que certificasen el desarme completo en dichas jurisdicciones”. La mayor parte de los zulos, en cambio, se hallan en el Estado francés.

No se apuesta expresamente por que Lakua reciba las armas, y la redacción va en la línea de la vía vasca para la paz presentada por la izquierda aber-tzale en abril del pasado año, cuando planteó una comisión independiente con el auspicio de las instituciones vascas y agentes sociales. De hecho, en la propuesta de ayer se sigue llamando a los gobiernos español y francés a facilitar la labor de destrucción de armas. Pero también se propone que, “al menos”, no la obstaculicen, lo que abre la puerta a un desarme con impronta vasca y/o internacional.

El proceso no ha arrojado novedades dos años después de que la organización pusiera sobre la mesa una limitada parte de su arsenal en un vídeo remitido a la cadena británica BBC. Ese paso lo dio con el acompañamiento de la Comisión Internacional de Verificación liderada por Ram Manikkalingam, pero no había nadie al otro lado de la mesa, ya que el Gobierno español no estaba dispuesto a dialogar para encarrilar el desarme de manera ordenada y fió su estrategia a la vía policial y las detenciones. El gabinete de Rajoy ni quiso dialogar ni se hizo a un lado para facilitar que, al menos, otros encarrilaran el desarme. De hecho, los verificadores fueron citados ante la Audiencia Nacional y, tras ese susto, quedó muy mermado su margen de actuación. En ese contexto, el lehendakari propuso un desarme ante las instituciones vascas, y ETA no terminó de coger el guante. La izquierda abertzale es igualmente consciente del escaso margen de maniobra que tiene la vía de los verificadores, y propuso una comisión independiente con el aval de las instituciones vascas.

No ha habido más noticias del grupo de Manikkalingam, aunque al parecer sigue trabajando en el desarme en una fase preparatoria, el sellado de los zulos para la posterior entrega y destrucción del arsenal. Cuenta con evidentes dificultades para trabajar sobre el terreno dada la estrecha vigilancia de las fuerzas de seguridad españolas, de modo que en gran parte de las ocasiones se ha limitado a dar constancia de los avances en el sellado por parte de ETA, como un acto de fe y sin posibilidad de verificarlo in situ. La propia izquierda abertzale admitió que sería preferible verificarlo para que nadie albergara dudas. De ahí que estén surgiendo nuevas propuestas. De momento, ETA no ha anunciado el final del sellado. Se espera un comunicado inminente, aunque en distintos ámbitos creen que reservará el golpe de efecto del sellado para el verano, en puertas de las elecciones autonómicas.

dificultades ETA no ha movido ficha en los últimos dos años con el argumento de que sus integrantes carecían de seguridad jurídica y se exponían a ser detenidos. Ha visto muy mermada su estructura con el desmantelamiento de un importante arsenal en Biarritz, donde se cree que almacenaba la mayor parte de las armas y explosivos en buen estado que aún le quedaban para escenificar algún gesto; y con la detención de sus jefes David Pla e Iratxe Sorzabal.

En la propuesta elaborada por la Secretaría de Paz de Jonan Fernández, se propone articular un comité para el desarme con miembros del Foro Social, el grupo de Manikkalingam y el Gobierno vasco. ETA entregaría el mapa de zulos a ese comité, que lo pondría en manos del gabinete de Urkullu para que actuara “como legalmente proceda”.

El Foro Social propone un desarme seguro para la población y con garantías para los implicados, con un calendario que evite que se dilate “más allá de lo necesario”, con legitimidad de los actores involucrados “por medio de mandatos claros”, y con monitoreo internacional.

Comisión de monitoreo. El Foro Social cree que el proceso de destrucción de armas necesita una comisión de monitoreo o verificación que tendría como base al grupo de verificadores internacionales de Ram Manikkalingam. Esa comisión contaría con el apoyo de las instituciones vascas, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Gobierno Vasco. El documento postula que el Gobierno Vasco y el navarro, “dadas sus competencias en materia de seguridad y orden público en los territorios autonómicos respectivos, sería pertinente que pudiesen contar con mecanismos que certificasen el desarme completo en dichas jurisdicciones”. El Foro Social muestra su disposición a colaborar con los verificadores, las instituciones y los actores involucrados. También propone tratar con las instituciones europeas e internacionales sobre el proceso de desarme.

Parlamento Vasco. Pide establecer en los parlamentos vasco y navarro mecanismos de enlace con la comisión de monitoreo para hacer un seguimiento del proceso de destrucción y desarme. Plantean articular una comisión similar con electos de Iparralde.

Francia y España. Se sigue apelando a los dos gobiernos para que faciliten la destrucción de armas o no la obstaculicen.

Condiciones. Reclaman que el desarme sea seguro para la población y para los implicados, que cuente con un calendario acordado que evite que se dilate en el tiempo más allá de lo necesario y que los actores involucrados tengan legitimidad por medio de mandatos claros, entre otros puntos.