vitoria- Por encima de la negativa del socialismo y de las fricciones políticas que pueda provocar, el PNV y el Gobierno Vasco están dispuestos a seguir adelante con la reivindicación de un sistema vasco de pensiones porque están convencidos de su viabilidad y porque le corresponde a Euskadi en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Gernika. El lehendakari Urkullu avisó ayer de que esa petición es “irrenunciable”, dijo que ya fue planteada al anterior ejecutivo español y que volverá a estar sobre la mesa del siguiente. La creación de un sistema vasco de pensiones es una reivindicación histórica de los jeltzales. La novedad radica en el protagonismo especial que está cobrando en su discurso. Ha pasado de la reivindicación genérica a concretar cómo plasmaría ese sistema y cómo podría ser viable, gestionando desde Euskadi las cotizaciones de los trabajadores, y fijando vías complementarias para garantizar que la pensión se acerque lo máximo posible al último sueldo percibido: a través de impuestos y con aportaciones de los trabajadores a planes complementarios (EPSV de empleo).

Ese nivel de detalle deja ver que para el PNV ha llegado la hora de concretar el traspaso, que ese punto será prioritario sobre el total de 32 competencias pendientes, y que aspira a encauzarlo con el próximo gobierno español. Se plantea el traspaso a medio plazo, consciente de que las negociaciones serían complejas y necesitarían tiempo. El modelo que proponen los jeltzales se podría aplicar también en Nafarroa, incluso de manera conjunta si así se decidiera.

PSE y PP se oponen al traspaso con el argumento de que la caja única de la Seguridad Social no se puede romper. Las cotizaciones de todos los trabajadores deben ir a parar al Estado para que sea su tesorería la que gestione los fondos. En respuesta a preguntas de PP y UPyD en el Pleno de control celebrado ayer en el Parlamento, Urkullu planteó una vía que no supone una ruptura total. Recordó que el Estatuto contempla que las instituciones vascas asuman la competencia, pero dentro del principio de unidad de la Seguridad Social, garantizando la solidaridad y suscribiendo convenios con los órganos estatales, como se menciona en la disposición transitoria quinta. ¿Cómo hacerlo compatible con el traspaso a las instituciones vascas? El lehendakari planteó aplicar el Concierto Económico.

“La materialización de esta transferencia precisará la suscripción de un convenio, de conformidad con la disposición transitoria quinta del Estatuto, en el que se determinarán los flujos financieros, el fondo de solidaridad y los aspectos presupuestarios”, dijo. El Concierto es la herramienta que permite que las instituciones vascas recauden sus propios impuestos y paguen a Madrid un Cupo en concepto de solidaridad con otros territorios y por servicios como el Ejército o la Corona. Ese Cupo se sitúa en un 6,24%. El lehendakari recordó que el informe remitido por el Gobierno Vasco a la Ponencia de Autogobierno apuesta por “asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad; todo ello, mediante un convenio, tal y como establece la disposición transitoria quinta del Estatuto”.

El PP fulminó la propuesta al asegurar que ese porcentaje supondría 2.000 millones de euros, que no cubrirían ni una parte mínima del dinero que habrían recibido los vascos del sistema estatal ni el déficit que habría acumulado Euskadi en ese terreno. Antón Damborenea aseguró que los vascos no han aportado nada en los últimos diez años, sino que han recibido 10.000 millones del resto del Estado. A su juicio, el sistema del Concierto no sirve para regular esas relaciones. Desde UPyD, Gorka Maneiro consideró arriesgado plantear un sistema separado del estatal.

El lehendakari propuso una vía legal sustentada en la letra del Estatuto. En su intervención deslizó constantes menciones a los artículos que respaldan el traspaso. Aludió al punto 18.2, que señala que “en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma; y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. También mencionó la disposición transitoria quinta, que establece que “la comisión mixta de transferencias que se crea para la aplicación del Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”.

Urkullu trató de rebatir a quienes aseguran que la sociedad vasca está muy envejecida y que, si no fuera por el fondo español, las pensiones vascas no se podrían pagar. El lehendakari aseguró que, en todo caso, el sistema que está en riesgo es el español, sometido a recortes y obligado a echar mano constantemente de un fondo de reserva que ha quedado bajo mínimos, ya que en 2011 contaba con 66.815 millones y a finales del pasado año solo quedaban 32.485. Según su vaticinio, la hucha podría evaporarse en 2018.

Además, argumentó que en Euskadi cotizan “64 personas de cada 100, y en España solo 57”. “Más personas cotizando hoy es sinónimo de más recursos para pensiones mañana”, dijo. También consideró acreditado que los servicios que pasan a ser gestionados por las instituciones vascas, como la sanidad o las prestaciones sociales, superan los niveles de calidad estatales.

disputa política Ese punto se perfila como una de las reivindicaciones clave del PNV en los trabajos parlamentarios que exploran un nuevo estatus de autogobierno, y también en sus relaciones con el futuro gobierno español, que podría tener signo socialista y necesitar el respaldo jeltzale en diversos momentos de la legislatura. Además, todo apunta a que será uno de los principales motivos de fricción con el socialismo, tanto en suelo vasco como en Madrid.

El PSE, con quien el PNV mantiene un pacto global en el Parlamento y gobiernos de coalición a nivel foral y municipal, solo contempla que las instituciones vascas actúen como mera ventanilla del sistema estatal, gestionando altas y bajas, pero sin romper la caja única de la Seguridad Social. Para el socialismo, la cuantía de las pensiones la debe fijar España, y las cotizaciones deben ir a parar igualmente al Estado. Solo la izquierda abertzale acompaña al PNV en esa reivindicación.

El lehendakari no vio ayer “ningún riesgo” en que las instituciones vascas gestionen la Seguridad Social. “La ciudadanía vasca tiene interiorizado que sus pensiones van a estar más seguras y garantizadas si las gestiona el Gobierno Vasco”, remachó. A su juicio, debe estudiarse cómo cumplir el Estatuto “desde el diálogo y no desde la demagogia”.