MADRID. El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo viernes como investigado por la comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales en una nueva pieza secreta abierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, que investiga irregularidades en su patrimonio.
Será la tercera vez que Rato comparece en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid en relación con este procedimiento, después de que ya lo hiciera el 22 de julio del pasado año, cuando se negó a contestar a las preguntas del magistrado hasta conocer, en detalle, a qué acusaciones se enfrentaba, y el 7 de octubre.
En esta última ocasión, el magistrado ordenó la retirada del pasaporte del expresidente de Bankia, que aseguró que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española.
El mismo día, Serrano-Arnal tomará declaración al abogado y presunto testaferro de Rato, Domingo Plazas, de otros dos querellados y de dos testigos.
COMISIONES POR PUBLICIDAD DE BANKIA
Un día antes, el jueves, el magistrado interrogará a representantes legales de Zenith y Publicis. En esta pieza del procedimiento, en la que están imputados el presidente de Publicis, Miguel Angel Furones, y al director ejecutivo de Zenith, Sergio Lorca, se investiga si las dos empresas, que llevaron a cabo dos campañas publicitarias sobre la salida a Bolsa de Bankia y los valores de la entidad, pagaron comisiones ilegales a Rato por valor de casi 835.024 euros.
Se trata, en concreto de dos pagos de 474.416,64 y 360.608 euros que la presunta sociedad pantalla Albisa realizó a la empresa de Rato, Kradonara, en los años 2011 y 2012. Los pagos se justificaron, aparentemente, como "prestaciones de servicios" efectuados por Kradonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por Publicis y Zenith.
Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.
KRADONARA, CENTRO DE LA TRAMA
La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, sospecha el juez.
A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas. Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.
Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas a otra decena de personas en este procedimiento. Además de a Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo --el único que fue enviado a prisión, medida que se levantó la pasada semana-- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro, Miguel Angel Montero.
Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal. Se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.
