La complicada e inquietante incógnita sobre la formación del Gobierno español y la monopolización mediática que conlleva desde hace mes y medio, amortiguó la repercusión de las palabras pronunciadas el pasado 13 de enero en el Palacio del Condestable de Iruñea por Rufi Etxeberria, responsable de área de Resolución del Conflicto de Sortu.
El discurso pareció ir dirigido expresamente al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), a quienes adjudicó la nueva denominación de “presos independentistas”. Etxeberria reconoció sin contemplaciones que el EPPK en su actual configuración “corresponde a otra época política”, una época en la que se valoraba por encima de todo la resistencia. Una época, también, en la que las personas presas eran consideradas como auténtico frente contra la política represiva del Estado y, por ello mismo, sometidas a una disciplina común y férrea que vetaba cualquier aceptación de las medidas de gracia contempladas en la legislación penitenciaria, al tiempo que exigía unidad de acción en protestas y reivindicaciones. Durante muchos años esta fue la actitud del EPPK, hasta que en diciembre de 2013 el colectivo hizo público un comunicado en el que aceptaba que el proceso de vuelta a casa, la excarcelación y de manera prioritaria el traslado a Euskal Herria, se realice utilizando las vías legales “aunque ello conlleve implícitamente la aceptación de nuestra condena”.
El discurso de Rufi Etxeberria, en un análisis resumido, supuso la disolución del histórico “frente de makos”, una disolución decidida por la autoridad competente que tuvo su secuela en el acuerdo de los 35 dirigentes de la izquierda abertzale con fiscalía y acusación particular para evitar su condena a cárcel. No han tenido la misma suerte estos días pasados Jean Pierre Harokarene y Emilio Castillo, rehabilitado en la sociedad el primero y enfermo de gravedad a sus 75 años el segundo, que se han visto obligados a volver a prisión para completar su condena por delitos de colaboración cometidos hace diez años.
En el documento de debate Abian, la dirección de Sortu reconduce la posición del EPPK apartándola del contenido resistente y centrándola en “su aportación en el terreno de la resolución”, integrándolo en la estrategia independentista del partido abertzale. “Que estén entre nosotras y nosotros cuanto antes, pero, eso sí, dentro de una estrategia política independentista que debe ser eficaz y fructífera”. El documento Abian reconoce que “solo alcanzando la soberanía es como vamos a poder conseguir la vuelta a casa de los y las presas y refugiadas independentistas”. Y reitera que “el proceso de vuelta a casa se realizará por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada, para lo cual será necesario poner en marcha un plan de excarcelación condicional anticipada”. Es decir, no queda otra que pasar por el aro.
Rufi Etxeberria animó al EPPK, “símbolo del frente de cárceles de otra época”, a llevar a cabo “un movimiento audaz” para asumir su nuevo papel en el proceso.
Pues bien, el EPPK ha respondido a estos recientes movimientos de Sortu a través de un comunicado sorprendentemente duro, abundante en términos combativos, propios, como diría Rufi, de otros tiempos. El Colectivo alude de manera peyorativa a “los políticos” a quienes denuncia por pretender imponer a las personas presas el peaje de palabras como “memoria, autocrítica, convivencia o paz”. Una terminología que solo trata de pervertir las leyes en su contra.
No parece que el EPPK esté de acuerdo con ese movimiento audaz que le reclama Sortu y, convencido de su condición de agente político, hace saber que “no se arrepentirá ni denunciará a sus miembros”. De paso, arremete contra los que decidieron acogerse a las vías legales con todas sus consecuencias, en alusión a los de la vía Nanclares. Y para que quede claro que ellos se mantienen firmes, para seguir fieles a su línea histórica como frente de makos, anuncian que llevarán a cabo numerosos actos de protesta entre el 15 y el 20 de febrero y una huelga de hambre el día 20.
Es difícil saber con certeza el estado de ánimo de las más de 400 personas que aún permanecen presas en las cárceles españolas y francesas, pero lo que está claro es que aunque se acepten las posibilidades de la legalidad penitenciaria, aunque se aplique la sentencia de Estrasburgo, cerca de 200 personas seguirán en prisión durante muchos años. Y a la hora de tomar decisiones vinculantes para el EPPK es lógico que haya divergencias entre los que pueden reducir su condena con una salida pronta de la cárcel y los que, aun reduciéndola, no conseguirán la libertad en décadas.
Los reducidos colectivos disidentes con la línea oficial de Sortu han recibido con satisfacción el comunicado del EPPK, lo que hace pensar en que las aguas no bajan mansas en la izquierda abertzale para el tratamiento de un tema de tanta trascendencia.
