gasteiz - PNV e izquierda abertzale pusieron ayer el broche final a una semana de importantes acuerdos en materia municipal entre las dos formaciones, un entendimiento que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que gobiernan en la inmensa mayoría de los 251 ayuntamientos de la comunidad autónoma, frente a los nueve gestionados por los socialistas y los tres del PP. Después de que llegaran a un acuerdo para renovar los estatutos de la asociación de municipios vascos Eudel, un pacto que propiciará la incorporación histórica de la izquierda abertzale a su ejecutiva, ayer acordaron buena parte de la Ley Municipal, que busca aclarar las competencias de los ayuntamientos y brindarles una financiación suficiente. El cierre definitivo de la norma queda pendiente de una reunión tendrá lugar el próximo día 23, que podría ser la última a tenor de la buena disposición de ambas fuerzas y la sintonía que existe entre las partes. No obstante, deben limar discrepancias sobre la financiación y la participación de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas. Los partidos se volvieron a reunir ayer en la ponencia parlamentaria que estudia el proyecto del Gobierno Vasco. Se decidió aplazar la financiación para la reunión del día 23 en vista de que iba a haber discrepancias y de que ese punto necesitaba mayor tiempo de maduración. Por ello, optaron por repasar los títulos que ya estaban bastante encarrilados para dejar despachados esos apartados. Así, PNV y EH Bildu han cerrado la ley desde el título primero al sexto, que abarcan cuestiones relacionadas con el reparto de competencias, euskera, personal directivo, y transparencia y participación ciudadana.

Los títulos séptimo y octavo no necesitarán un impulso especial porque también estaban más o menos cerrados, de modo que todo el protagonismo del día 23 se lo llevará el título noveno con las disposiciones adicionales. Sobre todo, el artículo 106 y la forma en que los ayuntamientos participarán en el reparto de ingresos en el Consejo Vasco de Finanzas, que reúne también a las diputaciones y el Gobierno. El texto propone que haya tres representantes municipales y tengan voz y voto para fijar un mínimo de fondos para los ayuntamientos. Las diputaciones no podrán rebajarlo.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, reconoció que existe acuerdo “sobre gran parte de la ley”, pero apuntó el desacuerdo que persiste en la financiación. La coalición se mostró dispuesta a realizar “todo lo que está en su mano” para forjar acuerdos. El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, vio voluntad en los partidos.

el pse discrepa Según explican fuentes parlamentarias a DNA, el PNV había entregado un documento a los grupos en noviembre para impulsar la norma, pero solo la izquierda aber-tzale vio margen para negociar. El dato puede llamar la atención porque, en realidad, los jeltzales tenían un acuerdo con los socialistas para encauzar esa norma y la reforma de la Ley de Territorios Históricos. Esos apartados formaban parte del pacto que firmaron en 2013 para procurar estabilidad al gabinete de Iñigo Urkullu, y se incluyeron por el empeño personal de los socialistas en esos debates sobre el entramado institucional y la revisión de las duplicidades.

La discusión toca las competencias de las diputaciones y la foralidad, y los discursos de PNV y PSE están muy alejados, un hecho al que habría que sumar que los socialistas han convertido ese debate en uno de sus principales argumentos políticos. No ha habido opción de avanzar en las conversaciones, mientras que la izquierda abertzale se centra en las relaciones entre Euskadi y España y se muestra más flexible en el debate de puertas adentro. Aun así, el PNV ha aceptado enmiendas de todos los partidos, también de PSE, PP y UPyD. El PSE recuerda que aún no ha concluido la tramitación (hay que pasar por comisión y pleno), pero se mantendrá inflexible en que los ayuntamientos participen en pie de igualdad en el consejo sin tutelas de las diputaciones. Acusó a la izquierda abertzale de traicionar los intereses de las instituciones más próximas al ciudadano.

¿En qué consiste? El proyecto del Gobierno Vasco busca aclarar las competencias de los ayuntamientos y brindarles una financiación suficiente para llevarlas a cabo. Se trata de acabar con uno de los principales problemas de los consistorios, que en muchas ocasiones se ven obligados a poner dinero de su bolsillo para arreglar infraestructuras o prestar servicios al ciudadano sin que esté claro quién debe hacerlo. Ha habido anteriores intentos por parte de los lehendakaris Ardanza, Ibarretxe y López.

¿Dónde se discrepa? En la financiación. El proyecto fija que habrá tres representantes locales en el Consejo de Finanzas, con voz y voto, para fijar un mínimo de fondos para los ayuntamientos.