gasteiz - Por tercera vez en lo que va de legislatura, EH Bildu incidió ayer en su particular cruzada contra la tortura a través de una iniciativa que dio lugar a un texto alternativo firmado por PNV y PSE al que la coalición soberanista decidió, finalmente, sumarse. En el texto aprobado, que contó con la abstención de PP y UPyD, la Cámara insta a los jueces a que sean “especialmente activos” ante este tipo de denuncias, pero más allá del contenido secundado por la mayoría del Legislativo la novedad de este planteamiento reside en la suma de la bancada socialista a un tipo de proposición que en los casos precedentes había sido avalada por jeltzales y soberanistas, una suma que también supone la mayoría de los 75 escaños distribuidos en el hemiciclo gasteiztarra. No obstante, con la nueva incorporación, el volumen de firmantes se amplia hasta el 85% de la representación parlamentaria.

A lo largo de tres párrafos, el Parlamento Vasco sigue los pasos encauzados en las anteriores iniciativas para exigir que se garanticen los derechos de las personas detenidas y presas mediante el cumplimiento de las normas internacionales y estatales que regulan estas situaciones. De igual forma, el acuerdo hace hincapié en el informe recientemente publicado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, e insta a los poderes públicos a que cumplan sus recomendaciones, a la vez que muestra la “solidaridad” del Parlamento de Gasteiz con todas las personas que han padecido episodios de malos tratos o torturas.

En su último apartado, pide a los jueces y fiscales que sean “especialmente activos” en la investigación de estos casos cada vez que se presente una denuncia, de forma que se garanticen los derechos de los presuntos afectados por estas actuaciones.

diferencias El debate trasladó al atril a las diferencias entre los tres grupos firmantes y la aislada situación en la que la votación situó a PP y UPyD, pese a la insistencia de la portavoz popular, Nerea Llanos, en dejar constancia de la condena de su partido ante las torturas, una práctica cuya existencia reconoció.

En nombre de los proponentes, Julen Arzuaga denunció que pese a las recomendaciones y sentencias de las instituciones internacionales, en España no se ha dado “ningún paso” para reforzar las medidas contra la tortura. Ante este escenario, asumió que la propuesta consensuada por PNV y PSE no alcanzaba el listón planteado por EH Bildu que, entre otros aspectos, demanda la desaparición de la Audiencia Nacional. El portavoz de la coalición soberanista destacó que la importancia de llegar “a una base común” contra la tortura les llevó a sumarse a la enmienda de socialistas y jeltzales,y además ponderó la ampliación del apoyo de la Cámara fruto de los votos del PSE.

El PNV coincidió, por boca de Iñigo Iturrate, en destacar la novedad que supone la incorporación de los socialistas a este acuerdo, mientras que José Antonio Pastor puso el acento en que su partido “siempre” ha estado en contra de la tortura y recordó a la bancada abertzale que los derechos humanos “no son algo fraccionable, son un todo”.

Esta advertencia del portavoz del PSE fue el eje vertebrador en los argumentos que tanto PP como UPyD llevaron al atril para justificar su ausencia en un acuerdo que contó con la firma de EH Bildu. Llanos sostuvo que para denunciar “hay que tener legitimidad”, además de afear la iniciativa de la coalición soberanista al considerar que tras ella reside el objetivo de “hacer ver que la tortura es una práctica habitual en España”.

homenajes a amenazados Durante el Pleno de ayer también se debatió una propuesta de UPyD mediante la que Gorka Maneiro instaba al Gobierno Vasco y a la UPV/EHU a celebrar un homenaje a los profesores universitarios que, durante años, se enfrentaron a ETA. Esta iniciativa solo contó con los votos favorables del propio Maneiro y PP, por lo que decayó.

En su lugar, el Parlamento Vasco aprobó una propuesta alternativa avalada por las bancadas jeltzales y socialistas en la que se ampliaba la demanda de reconocimiento público, tanto institucional como social, a “todos los colectivos” que padecieron la amenaza terrorista y “fueron capaces de resistir ante el miedo y la extorsión en sus actividades docentes, empresariales, judiciales, políticas y periodísticas”.