madrid - La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido por primera vez a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresident catalán, el delito de pertenencia a organización criminal a la hora de pedir al juez José de la Mata que le retire el pasaporte por la naturaleza de los delitos que se le imputan. Los fiscales Belén Suárez y Fernando Bermejo hicieron ayer esta petición en una vistilla después de que el hijo mayor de los Pujol declarara durante tres horas y media a petición propia, apelando entre otras cosas a los delitos que se le imputan y al considerarla una medida “proporcional y necesaria”.

En su alegato, Bermejo añadió por primera vez otros dos delitos a los de blanqueo y delito fiscal que le imputa el juez: organización criminal y falsedad, según fuentes jurídicas. El fiscal también argumentó que desde que hace tres años se inició la instrucción del caso se ha buscado el origen de su fortuna en Andorra y aún no se sabe de dónde procede, y a ello se suma que se han encontrado operaciones trasnacionales con países como Panamá o Reino Unido, a los que se pedirá información a través de comisiones rogatorias. El fiscal hizo una sola pregunta al imputado, acerca de si le podía decir el nombre y apellidos de la persona que gestionaba sus cuentas en Crèdit Andorrà, pero Pujol Ferrusola se negó a contestarle, por lo que destacó luego al juez que no está colaborando a pesar de que él mismo pidió su comparecencia.

la versión del expresident Jordi Pujol Júnior ya declaró en la Audiencia Nacional hace un año y medio para explicar otro aspecto de su imputación, los 11 millones de euros que cobró de empresarios que contrataban con la Generalitat, por lo que ayer no le preguntaron sobre el cobro de comisiones por su supuesta intermediación en esos negocios.

El propio Pujol Ferrusola pidió al juez volver a declarar voluntariamente e incluso hizo gestiones para entregar su pasaporte después de que UPyD -que hasta hace poco estaba personado como acusación particular- reclamara tanto su comparecencia como su ingreso en prisión, y, en su defecto, al menos la retirada del pasaporte. En su declaración ayer, afirmóque su padre estaba al margen de la gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra -su padre de hecho se había desvinculado ante el juez el día anterior de los negocios del hijo- y mantuvo la versión de que provenía de la herencia de su abuelo Florenci, quien falleció en 1980 y dejó a su nuera y sus nietos 140 millones de las antiguas pesetas. Luego, a principios de los años 90, Júnior dijo que se dedicó a invertir ese dinero y consiguió aumentarlo hasta los 8 millones, aunque aclaró que su padre no estaba involucrado en esas gestiones. De esta manera, respalda la versión que el expresident dio en su declaración ante el juez.

En esencia, según las fuentes consultadas, su declaración se ciñó a lo que ya dijo en marzo de 2015 ante la jueza de Barcelona que llevaba el caso y, un mes antes, en la comisión de investigación que abrió el Parlament catalán. Al igual que en esas dos ocasiones, aseguró dinero del legado en “láminas financieras” y consiguió así multiplicarlo.

El juez, que llevó el peso del interrogatorio de tres horas y media, centró sus preguntas en los documentos que Andorra le ha enviado sobre movimientos de dinero de la familia en el Principado. En esa documentación se constatan 31,8 millones de ingresos en efectivo de origen desconocido en sus cuentas en distintas divisas, que el imputado atribuyó a distintos movimientos relacionados con esas gestiones con “láminas financieras”. Su abogado, Cristóbal Martell, cerró la comparecencia con una pregunta sobre si alguna vez recibió comisiones a cambio de favores políticos, a lo que respondió rotundamente que no. - Efe