Barcelona - Cuando el Ejecutivo de Carles Puigdemont no tiene siquiera un mes de vida, el ansia independentista no solo parece consolidarse en Catalunya, sino que se acrecienta. Es la impresión que puede extraerse de la última encuesta realizada por el Centro d’Estudis d’Opinió (CEO), ya que los datos reflejan que el 57,2% de los catalanes está “totalmente” (33,1%) o “bastante” (24,1%) a favor de la ruptura con el Estado español. Por el contrario, solo el 32% se muestra “bastante” (10,1%) o “totalmente” (21,9%) en contra de un Estado propio, mientras que el 6,6% no lo sabe, y el 4,2% no contesta. Ahora bien, el llamado CIS catalán ha cambiado la fórmula para preguntar acerca de la secesión. En la última oleada, a la interpelación sobre si “quiere que Catalunya sea un Estado independiente”, el 46,7% de los encuestados se posicionó en el “sí” y un 47,8% lo hizo por el “no”. Pero esta vez el ciudadano -en lugar de 2.000 encuestas presenciales se han hecho 1.050 telefónicas- ha tenido que responder al siguiente planteamiento: “Pensando sobre la independencia de Catalunya, ¿usted está totalmente a favor, bastante a favor, bastante en contra o totalmente en contra?”.

Además del repunte, que es revelador, uno de los aspectos que sobresale atañe a cómo el apoyo el independentismo es prácticamente absoluto entre los más jóvenes. El 77% de los ciudadanos entre 18 y 24 años se declara a favor de la ruptura, mientras que el respaldo es del 45,3% entre los catalanes mayores de 64 años. En paralelo, mientras solo un 11,6% del primer grupo rechaza la secesión, el porcentaje de unionistas asciende hasta el 42,4% con el sector de mayor edad. Por provincias, no hay sorpresas. Girona, feudo donde nació el president, se erige en el más soberanista, con un 66,3% “totalmente” o “bastante” a favor de un Estado independiente; mientras que en Barcelona, donde Ciudadanos ganó en el área metropolitana el 27-S, el porcentaje es de un 55,4%. El sondeo también revela que las mujeres (58,5%) son más independentistas que los hombres (55,9%). Y aunque el 59,4% de catalanes considera que la situación política en Catalunya es mala (38,4%) o muy mala (21%), y hasta el 75% cree que está igual o peor que hace un año; el 40% es optimista y piensa que dentro de un año, con la hoja de ruta ya desarrollada, mejorará.

área de exteriores Este escenario se plasmó el día en que el Consejo de Ministros aprobó plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias contra la Generalitat por la creación de la conselleria de Asuntos Exteriores, al entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado. El actual Gobierno español en funciones solicita que se suspenda la existencia de ese departamento que dirige Raül Romeva porque de seguir funcionando “podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico”, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló que su creación forma parte de “la internacionalización del proceso” de independencia a la que aludió el president Puigdemont en su investidura. Catalá añadió que su suspensión debería tener como consecuencia que deje de tener amparo normativo “y desaparecer como tal”; mientras que el conseller Romeva defendió su legalidad. “Lo que estamos haciendo está perfectamente contemplado dentro del marco del Estatut y del marco constitucional en el que nos estamos moviendo”, declaró el diputado de Junts pel Sí. “Catalunya ha hecho, hace y hará políticas de acción exterior” pase lo que pase con el Gobierno español porque es legal y legítimo, ya que responde al mandato democrático surgido de las elecciones, dijo Romeva.

reforma del tc Por otro lado, el TC admitió a trámite los recursos que la Generalitat y el Gobierno Vasco presentaron contra la reforma de este tribunal, que prevé un incidente de ejecución cuando se desobedezcan sus sentencias, lo que puede llevar a sanciones como suspensiones de altos cargos o multas. Las iniciativas de ambos ejecutivos darán la oportunidad al TC de pronunciarse sobre la reforma que el Ejecutivo y la mayoría del PP en el Congreso promovieron, y que puso a la institución en primera línea contra las iniciativas independentistas surgidas en Catalunya.