Bilbao - Ayer quedó visto para sentencia el juicio contra el ex delegado territorial de Vivienda de Bizkaia, José María Gonzalo Casal, y Jon Alonso Hornes, contratado como contable por el primero cuando este fue designado por Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda, como liquidador de la extinta Cámara de la Propiedad de Bizkaia en 2006. En sus alegatos finales, tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por el Gobierno Vasco, mantuvieron sus acusaciones contra Gonzalo Casal, para quien solicitan cinco años y nueve meses de prisión, así como nueve años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por lo que respecta a Alonso Hornes, acusado de malversación, el fiscal decidió rebajar su petición inicial, que era de cuatro años y nueve meses de prisión, a dos años de cárcel atendiendo al hecho de que en su declaración admitió haber cobrado de forma fraudulenta 106.000 euros, de los que devolvió la mitad, y por “revelar información determinante” para el caso. La defensa de Gonzalo Casal pidió su libre absolución al estimar que no cometió delito alguno, mientras que el letrado de Alonso Hornes mostró su conformidad con la petición fiscal.

En su intervención, el fiscal aseguró que Gonzalo Casal actuó de una manera “personalista, arbitraria y caprichosa” cuando ejerció como liquidador de la extinta Cámara de la Propiedad. Aún reconociendo que fuera probable que la entidad estuviera a falta de personal y que la sede de la Cámara, en la calle Henao de Bilbao, necesitara realizar obras de reforma, el acusado, como funcionario público, no estaba capacitado para contratar gente -realizó seis contratos- ni para ordenar que se acometieran unas obras que costaron 1,8 millones de euros. Según el Ministerio Público, no tenía competencias para esas dos cuestiones, “y lo sabía”, por lo que cometió un delito de prevaricación. En cuanto al delito de malversación de fondos, lo argumentó en tres apartados: por un lado el supuesto trasvase de fondos a Jon Alonso por un importe de 106.000 euros, el trasvase de 420.000 euros a la asociación Aukeratu para la financiación de la película de temática gay Ander, y los gastos irregulares que acometió.

La acusación particular, en representación del Ejecutivo vasco, se sumó a la tesis del fiscal y tras hacer hincapié en que la Cámara de la Propiedad era “patrimonio público”, destacó que el acusado no tenía competencias para remodelar el edificio, ni tampoco para contratar a seis personas, al tiempo que consideró como un “hecho curioso” que la Cámara “financie” películas. A juicio del letrado de la acusación particular, “no podía actuar así, no debía y él lo sabía”.

Asuencia de delito La defensa de Gonzalo Casal, ejercida por el abogado Javier Beramendi, denunció en primer lugar la actuación del otro encausado. “El otro día dije que había un pacto con el otro encausado para acusar a mi defendido y me reafirmo en ello a tenor de las consideraciones que han ofrecido tanto el fiscal como la acusación particular”. Su letrado pidió su libre absolución al asegurar que la Cámara de la Propiedad era una institución privada, que su defendido estaba capacitado para contratar personal y acometer obras y que el dinero para financiar la película era un préstamo que se iba a devolver.

Con respecto a los 106.000 euros transferidos a Alonso Hornes, aseguró que no se había demostrado que las órdenes de pago las hubiera firmado su defendido. En su último turno de palabra, José María Gonzalo Casal aseguró que tenía la impresión de que a lo largo de este juicio se había producido un “ensañamiento” hacia su persona, mientras que Jon Alonso Hornes pidió disculpas por haber aceptado dinero fuera de nómina.