BARCELONA - El margen de maniobra de la Generalitat en la legislatura que acaba de arrancar en Catalunya, condicionado básicamente por la posibilidad de contar con Presupuestos para este año, sigue dependiendo del apoyo de la CUP a las cuentas de su compañero de fatigas en el proceso soberanista, Junts pel Sí. Por el momento, dicho respaldo sigue sin estar confirmado al 100%, después de que la formación anticapitalista insistiera ayer en que el Govern de Carles Puigdemont solo tendrá sus votos a favor si su proyecto tiene un “marcado carácter social”.

Se trata del ambicioso plan de choque social que la coalición Junts pel Sí ofreció a la CUP en el tramo final de las arduas negociaciones que ambas formaciones mantuvieron de cara a desbloquear la investidura de Artur Mas -el acuerdo final fue posible tras la salida de escena de Mas y su sustitución por Puigdemont-. La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya insistió ayer en esta vía y aseguró que su formación solo mirará con “buenos ojos” los presupuestos “si incluyen partidas ambiciosas que impulsen ese plan de choque social”.

Tras insistir en que los acuerdos de legislatura incluyen un apoyo a la ruptura con el Estado español, el proceso constituyente y un plan social de choque, Boya elevó aún más esta apuesta y aseguró que las cuentas deben ser expansivas en relación a los ingresos y a los gastos, para lo que propuso revisar el impuesto de sucesiones para destinar un mayor nivel de ingresos a ese plan de choque. “Hace falta ampliar ingresos, y una manera de hacerlo es recuperar este dinero del impuesto de sucesiones que grava a aquellos que tienen las propiedades más grandes y que, por lo tanto, son más ricos”, dijo.

El president de la Generalitat, Artur Mas, consideró el pasado sábado que el pacto de gobernabilidad, que supuso se renuncia al cargo, obliga a los anticapitalistas a votar siempre en el sentido de JxSí cuando “la estabilidad del Govern esté en riesgo”. Agregó que esto obliga a los cuperos a aprobar los Presupuestos de 2016 que la Generalitat presentará en las próximas semanas: “La CUP está a prueba de su palabra, que no es poca cosa”, señaló. Pese a ello, a mediados de enero, el vicepresidente y encargado del área de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, abrió la puerta a una prórroga presupuestaria, lo que, en cualquier caso, dependerá de “la actitud de la CUP”, sentenció.

Protesta Por otro lado, unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron ayer en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC) para expresar su rechazo al programa independentista del Govern y exigir el freno del llamado proceso catalán. La concentración, apoyada expresamente por Ciudadanos y el PP, denunció la grave situación política que, a juicio de SCC, vive Catalunya, tras la constitución de un ejecutivo claramente independentista presidido por Carles Puigdemont.

El presidente de SCC, Rafael Arenas, reivindicó “un país normal” donde las instituciones no estén al servicio del independentismo, y pidió más democracia y neutralidad en los medios de comunicación públicos. En el acto El proceso nos roba, defendió una España unida y democrática dentro de una Europa unida y democrática.