bilbao - El Gobierno Vasco ha dado otro paso para completar el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales. Durante la legislatura del socialista Patxi López, se inició la primera fase, la etapa del franquismo, con el decreto que abarcaba los abusos registrados entre 1960 y 1978. Ahora, bajo el mandato de Iñigo Urkullu, se abordará la fase más compleja, las malas prácticas policiales con la democracia ya asentada. El Ejecutivo presentó ayer el borrador que fija los requisitos y el procedimiento para lograr el reconocimiento como víctima. Será una ley y no un decreto para tramitarlo por vía parlamentaria y forjar consensos, algo que, además, brindaría mayor entidad al proyecto ante eventuales recursos de España en los tribunales.

Cabe recordar que el primer decreto fue recurrido y, aunque la justicia salvó sus aspectos nucleares porque no obligó a devolver las indemnizaciones concedidas ni a retirar los testimonios de las víctimas en las aulas, insinuó que la condición de damnificado se concedía con poco rigor. El Gobierno Vasco quiere propiciar la máxima seguridad jurídica y ha reforzado la comisión que valora los casos añadiendo tres forenses del Instituto Vasco de Medina legal. Asimismo, la ley abarcará hasta 1999 y no hasta la actualidad porque los casos más recientes pueden estar inmersos en un procedimiento judicial o estar demasiado abiertos. Otra razón para colocar el foco en los casos más antiguos estriba en que pueden estar a punto de caducar o haberlo hecho ya, lo que amplifica la sensación de indefensión de los afectados al no poder acudir a los tribunales. Las lesiones deben ser graves para ser reconocidas, y se excluye a los afectados en el ejercicio de una acción violenta (tiroteos o manejo de explosivos).

El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avanzó ayer una tercera actuación: una futura ley de prevención integral de la tortura. La finalidad de ese proyecto no sería tanto reparar a las víctimas, sino evitar nuevos casos. Aun así, a medida que pase el tiempo, sí podría servir de paraguas para los abusos registrados a partir del año 2000 que no se encuadran en los dos proyectos de reparación anteriores. En una rueda de prensa en Bilbao, justificó esa división por etapas en que busca el mayor consenso posible y la estrategia más adecuada consistiría en avanzar paso a paso. A su juicio, el proyecto es necesario para asentar la convivencia y promover una memoria crítica del pasado.

En los últimos tiempos, el reconocimiento de las víctimas de excesos policiales está siendo una de las cuestiones más visibles porque su desatención institucional ha sido mayor. Buena parte de los casos, sobre todo en la dictadura o la transición, tienen como damnificados a ciudadanos anónimos agredidos en manifestaciones o, simplemente, por estar en el lugar y el momento inadecuados. En el caso de la tortura, un fenómeno cuyo debate se vuelve más espinoso cuando se relatan casos acontecidos en democracia, España acumula cinco condenas europeas por no investigar los casos denunciados. En algunos ámbitos se ligan los casos a ETA y la izquierda abertzale y, para restar crédito a las denuncias, se esgrimen documentos de la organización donde recomendaría como consigna denunciar haber sufrido malos tratos en las detenciones. Organismos internacionales han propuesto eliminar el régimen de incomunicación para evitar torturas, una cuestión que a buen seguro será objeto de análisis en la tercera etapa, la ley de prevención. Muchos de los casos concernientes a detenidos de ETA son recientes y, ya solo por el límite temporal, no entrarían en el proyecto presentado ayer.

El Gobierno Vasco ha impulsado el reconocimiento de todas las víctimas, pero sin que sirva para justificar unas violencias con otras. El próximo año habrá tres homenajes diferenciados para las víctimas del franquismo, ETA y abusos policiales. El PP, sin embargo, lo acusa de mezclar víctimas.

Fernández opinó que el nuevo anteproyecto tiene todas las garantías jurídicas, pero no quiso poner la mano en el fuego a la hora de descartar un recurso español. “Si no existe voluntad política, se pueden poner obstáculos a cualquier pretensión”, dijo. En cuanto al primer decreto (1960-1978), dio por completada su gestión y anunció un informe resumen para febrero. No obstante, la nueva ley abrirá un plazo extra de doce meses para que los rezagados presenten su solicitud de reconocimiento.

requisitos El borrador de anteproyecto fija los requisitos para la reparación: haber sufrido violencia grave con resultado de muerte o lesiones graves y permanentes (si no son permanentes, se recibe el reconocimiento como víctima, pero no el dinero); que la agresión la ejecutara un funcionario o bien un particular con el consentimiento de las autoridades o aparentemente de manera aislada; que hubiera intención de influir en la sociedad; y que no hubiera una correcta investigación.

Lo analizará la Comisión de Valoración, con tres expertos nombrados por la Secretaría, tres por el Parlamento, tres peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina legal y, si algún caso es especialmente complejo, se convocará a más expertos. Cuando entre en vigor la ley, que debe tramitarse en el Parlamento, se abrirá un plazo de dos años para presentar solicitudes. Quienes tengan derecho a reparación serán resarcidos con el reconocimiento público de su condición de víctima. Lakua irá a la fiscalía si ve margen para acciones legales. Se ha introducido algún retoque en las indemnizaciones atendiendo a los jueces. Por muerte, siguen siendo 135.000 euros. Por gran invalidez, 390.000.

El proyecto. Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por contraterrorismos ilícitos en la CAV entre los años 1978 y 1999.

Requisitos. Haber sufrido violencia con carácter de gravedad, y nunca en el ejercicio de acciones violentas (quedarían fuera miembros de ETA muertos en tiroteos o manejando explosivos). Los abusos deben haber tenido como resultado la muerte o lesiones graves y permanentes de carácter físico o psicológico (si no son permanentes, se recibe el reconocimiento como víctima, pero no la indemnización); que la agresión la ejecutara un funcionario en el ejercicio de su cargo o fuera de él, o bien un particular con el consentimiento de las autoridades o aparentemente de manera aislada e incontrolada; que hubiera intención de influir en la sociedad; y que no hubiera investigación o que indebidamente no condujera a reparar a las víctimas.

Ámbito. Afectados en la comunidad autónoma o fuera de ella siempre que estuvieran domiciliados en suelo vasco. Hechos acaecidos entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999.