La lista de estragos cosechados por la última legislatura del PP ha provocado una ruptura del modelo de convivencia y ha tumbado el estado de bienestar. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) acusa al Gobierno de haber cometido “una agresión sin precedentes a la sanidad pública hasta llegar a destruirla”. Una de las medidas estrella fue la reforma sanitaria que impulsó en 2012 que, entre otras cuestiones, dejó fuera del sistema sanitario a los inmigrantes irregulares, modificó el copago en medicamentos e introdujo otros nuevos que finalmente no se han aplicado. Los recortes en sanidad -el presupuesto público se ha reducido más de un 20% en los últimos cinco años- son tan preocupantes que han mermado la calidad asistencial y las prestaciones que reciben los ciudadanos. Según la FADSP, la política de recorte del gasto social “supone el intento de aprovechar la crisis para desmontar una de las patas del Estado del bienestar”. Para su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, estas actuaciones “no han producido ninguna mejora del sistema ni ningún ahorro significativo”.

La reforma sanitaria de la ministra Ana Mato excluyó de un plumazo a 600.000 inmigrantes sin papeles que perdieron el derecho a la sanidad normalizada. Sin embargo, la presión de los nuevos gobiernos autonómicos forzó al Ejecutivo de Rajoy a reconsiderar esta exclusión sanitaria de los inmigrantes.

El primer año de legislatura se caracterizó también por la instauración del euro por receta en algunas comunidades, la desfinanciación de más de 400 medicamentos y la sombra de la privatización, que pivotaba por encima de algunos servicios regionales de salud, y que provocó que los profesionales sanitarios y pacientes salieran a la calle en las llamadas mareas blancas y provocó la mayor movilización ciudadana que se recuerda.

Uno de los peores enemigos de los pacientes ha sido el copago del 10% en los medicamentos para los pensionistas que, en contra de lo anunciado, ha sido incapaz de frenar el gasto farmaceútico. Más bien al contrario ya que desde que entrase en vigor en 2012 el gasto en medicamentos ha crecido un 4,8%. Además el 2% de los españoles ha dejado de tomar el tratamiento prescrito porque no podía pagárselo.

Los recortes presupuestarios en el sistema sanitario público han sido brutales, y no son fácilmente cuantificables por la falta de transparencia de las administraciones públicas, pero pueden cifrarse entre 13.000 y 20.000 millones de euros desde 2009, que fue el año de mayor presupuesto público para Sanidad. Solo un año después del paso del PP por La Moncloa el gasto sanitario en España cayó un 5’7% (3.897 millones de euros menos), y en sus tres primeros años en el poder, la sanidad pública acumuló un recorte de 6.340 millones. El gasto sanitario en 2013 fue el más bajo desde 2007. Estos recortes han conllevado cierres de plantas hospitalarias, cierres de quirófanos, consultas, puntos de atención continuada, etc,, la no cobertura de las jubilaciones, bajas y suplencias, el deterioro condiciones de trabajo y el aumento la presión asistencial: deterioro calidad, aumento del estrés, errores y accidentes laborales.

El tijeretazo y la reducción de personal sanitario en 55.000 personas; el cierre de la actividad de los hospitales por las tardes, han pasado una abultada factura a las listas de espera. El tiempo de espera para ser operado supera el medio millón de habitantes a finales del 2014, lo que supone 52.388 personas más (un 10%) que cuando el PP llegó al poder en el año 2011. En estos cuatro años el tiempo de espera quirúrgico se ha disparado de 73 a 87 días, es decir 14 días más (16%) que al inicio de la legislatura. Los pacientes que aguardan más de seis meses para ser operados siguen superando el 9% del total algo escandaloso para personas que necesitan ser operadas.

Además, Sánchez Bayle critica que la decisión del Ministerio de Sanidad de anular o modificar parte de las medidas que incluía esta reforma tras la llegada de Alfonso Alonso, como retirar los copagos en ambulancias, prótesis o medicamentos de dispensación hospitalaria y permitir la atención de sin papeles en centros de salud, ha formado parte de “una operación de marketing”.

Uno de los hachazos más certeros del Ejecutivo Rajoy ha sido en el gasto reservado para la coordinación de las políticas de salud pública, promoción de la salud y el fomento de terapias avanzadas e impulso a la renovación tecnológica en el ámbito hospitalario. Han sufrido un recorte del 95% y han pasado de 173.9 millones en 2011 a 8,8 millones en 2015.

Un botón de muestra de la nefasta gestión del PP fue la denominada crisis del ébola, ampliamente criticada y que provocó numerosas peticiones de dimisión de la ministra, que quedó relegada a un segundo plano tras la decisión del Gobierno de crear un comité especial al frente del cual se situó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tras la dimisión de Mato, Alfonso Alonso ha intentado enmendar algunos de los aspectos más controvertidos de la reforma sanitaria, como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes irregulares, pero la legislatura se cierra sin acuerdo con las comunidades sobre la manera de articularlo.

El gran colapso Pero si el castillo de naipes ha caído con estrépito es en el tema de la atención a las personas dependientes. El sistema de atención a la dependencia acumula un recorte de 2.000 millones de euros en estos cuatro años de legislatura que no ha sido capaz de asistir a 400.000 personas con derecho reconocido. Más de cien mil personas han fallecido desde 2012 sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido.

El nuevo baremo ha endurecido tanto las condiciones que actualmente hay 64.211 grandes dependientes menos, 16.794 severos menos y 24.2000 moderados menos. El sistema ha colapsado de tal manera que los nuevos atendidos no lo son en virtud de su derecho, sino que depende de las bajas que se producen.