Bilbao - La Audiencia Nacional comenzará a juzgar hoy a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y ANV -entre ellos históricos dirigentes abertzales como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena-, para los que la Fiscalía pide penas de 10 años de cárcel. Este macrojuicio, que se celebrará en la sede de este tribunal en San Fernando de Henares, ha sido aplazado en dos ocasiones desde su suspensión el pasado enero a raíz de la detención de tres de las abogadas defensoras. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a señalarlo para el pasado 16 de noviembre, aunque por problemas de agenda volvió a aplazarlo al 3 de diciembre.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de EHAK y ANV. El escrito de conclusiones provisionales sitúa de octubre de 2005 a 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de Batasuna y recoge que la “colaboración” entre la formación ilegalizada y ANV “se compró” en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera “en base a la legalidad española”. En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, la Fiscalía sostiene que fue “fagocitado” por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA, como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias online.

Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias en Gasteizs de EHAK Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro, militante de ANV.

Falsedad de las imputaciones El senador de Amaiur Iñaki Goioaga aportó ayer al Tribunal Supremo documentación que acredita la “falsedad” de los delitos económicos que se le imputan -financiación de terrorismo, contra la Hacienda pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales- en la investigación por su presunta pertenencia al denominado frente de cárceles de ETA. Goioaga, que quedó en libertad sin medidas cautelares, aseguró que se constata la “infamia de la imputación y de las falsedades”, puesto que en todo el interrogatorio “no ha habido ninguna pregunta” sobre los presuntos delitos económicos que le se imputan. Así, aportó “documentación que acredita la falsedad de las imputaciones”. “Queda en evidencia que es un gran montaje”, afirmó Goioaga, que señaló que continuará defendiendo con toda normalidad “los intereses jurídicos de sus representados”. - Efe