gasteiz - La Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco propone ampliar la actual representación de colectivos y asociaciones de víctimas que participan en el Consejo Vasco de Participación y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. La propuesta realizada por el Ejecutivo de Gasteiz ayer durante la reunión de este órgano prevé pasar de once a diecinueve miembros. En la actualidad son cinco los colectivos de víctimas con sede o delegación en Euskadi que participan en el Consejo de Víctimas: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Covite, Aserfavite, Zaitu y la Fundación Fernando Buesa, además de un vocal en representación de las asociaciones pacifistas vascas.
El proyecto de modificación del decreto que regulará la composición y el funcionamiento de este Consejo mantiene a las cinco organizaciones de víctimas; sube de una a tres las personas en representación de las asociaciones pacifistas vascas (dos de las cuales deberán ser víctimas con experiencia en programas de educación o convivencia); y añade una persona en representación de las fundaciones vascas creadas en relación con una víctima del terrorismo. También abrirá el Consejo a más miembros de las Administraciones Públicas, que pasan de cinco a nueve. Entre las novedades, un miembro más de Eudel (antes eran dos y ahora se proponen tres) y la directora del Instituto vasco de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro.
La propuesta queda a la espera de recibir aportaciones de los actuales miembros del Consejo, así como de la ciudadanía, partidos políticos y agentes sociales. El Gobierno Vasco valorará las recomendaciones y propuestas de mejora del borrador y luego elaborará el decreto definitivo de este órgano creado hace cinco años con la finalidad de canalizar la participación de las víctimas del terrorismo en todas las cuestiones que les incumban. Asimismo, propone a las instituciones públicas la puesta en marcha de políticas concretas sobre víctimas.
En el marco de las políticas para dar más voz y visibilidad a las víctimas, el Ejecutivo de Urkullu pretende que este órgano se reúna no una vez al año, como lo hace actualmente, sino en dos ocasiones. Otra de las modificaciones que plantea la Secretaría que dirige Jonan Fernández es que el Consejo no solo se limite a las políticas asistenciales, sino que abarque el conjunto de las políticas públicas de víctimas, especialmente las que potencien su aportación al futuro, a la convivencia y a la unión entre víctimas y sociedad.
