gasteiz - Los partidos intentan llegar a un acuerdo para alumbrar la Ley Municipal, y lo hacen entre grandes esfuerzos y con la evidencia de que será complicado llegar a acuerdos. El Parlamento lleva varias semanas trabajando sobre el proyecto del Gobierno vasco, y el martes volvió a reunirse la ponencia para dar un importante empujón al debate. La norma busca poner fin a los problemas más habituales de los municipios, que a menudo tienen que poner dinero de su bolsillo para prestar servicios a los ciudadanos que en teoría no tendrían que ofrecer porque no está claro qué institución debe desempeñar la competencia, aunque los municipios se sienten obligados a brindar esa prestación por ser la ventanilla más cercana al ciudadano. La norma busca aclarar las competencias de los ayuntamientos y otorgarles una financiación suficiente para llevarlas a cabo. En la reunión del martes, según fuentes parlamentarias consultadas por DNA, se dejó cerrada la discusión del proyecto hasta el título sexto, un paquete que comprende el listado de competencias de los municipios. Pero ahora llega la peor parte, según reconocen las mismas fuentes. Quedan los tres títulos y las disposiciones finales que fijan la financiación y la participación de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas, el órgano que reúne a las diputaciones y al Gobierno Vasco para acordar el reparto de la recaudación de impuestos.

La próxima reunión tendrá lugar el día 27, el viernes de la semana que viene. Servirá para repasar todos los capítulos que se han tratado, incluidas las enmiendas transaccionales, hasta el título sexto. En ese abanico se encuentran las competencias de los municipios, un total de 37, entre las que figura la gestión de los planes locales de empleo. A partir de esa cita deberán abordarse los tres restantes títulos. En las disposiciones finales, se detalla que habrá tres representantes municipales en el Consejo Vasco de Finanzas, y que tendrán voz y voto en asuntos de su competencia. El más suculento es la asignación de un mínimo de fondos a los ayuntamientos para desarrollar sus competencias. Ese mínimo será sagrado y las diputaciones solo tendrán margen para aumentarlo en su territorio correspondiente. Los puntos suscitan tanto debate que es muy poco probable que se alumbren avances a corto plazo. Además, se espera que la ponencia quede en suspenso con la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre y la tramitación de los Presupuestos vascos.

Aunque se ha dicho en público que la asociación de municipios vascos Eudel es la que debe nombrar a los tres representantes locales, la ley solo dice que serán propuestos por la asociación “de mayor implantación”, un matiz que puede propiciar el acercamiento de la izquierda abertzale, descontenta con el actual modelo de Eudel e inmersa en conversaciones con el PNV para abordar un cambio de estatutos. Según ha podido saber este periódico, las conversaciones entre PNV y EH Bildu para que la izquierda abertzale pueda sumarse a Eudel siguen abiertas, y discurren en paralelo a las negociaciones sobre la Ley Municipal. De momento, sin embargo, se encuentran en una fase muy embrionaria, aunque existe voluntad por ambas partes. Hasta la fecha, la izquierda abertzale ha apostado por Udalbiltza, la asamblea de electos activada al calor de los acuerdos de Lizarra.

DISCREPANCIAS Cabría suponer que el socialismo aprueba el capítulo de la financiación del proyecto de Ley Municipal porque propuso un esquema muy parecido durante el mandato de Patxi López, pero ha criticado el proyecto jeltzale al considerarlo poco ambicioso. El PP sí censura abiertamente ese apartado porque cree que Eudel no está legitimada para nombrar a nadie al no haber sido designada directamente por los ciudadanos. Propone que los representantes locales sean nombrados por las Juntas Generales y rindan cuentas ante ellas. La discusión entronca con el debate sobre la foralidad y las competencias fiscales de las diputaciones, que el PNV defiende con fervor y que no tendrían por qué verse afectadas por la norma.