bilbao - El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) contra 76 presos y exreclusos de ETA por el uso de documentos falsos en su inscripción en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y en la UNED que les sirvió para redimir sus condenas. El magistrado adoptó esta decisión en un auto, fechado el 17 de noviembre, en el que requiere a la UPV/EHU y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) los “certificados de las vías de acceso” de los denunciados, así como de sus actas de exámenes y curso de acceso de mayores de 25 años, “firmadas y selladas por el Tribunal Colegiado”. También solicita al Servicio de Información de la Guardia Civil que emita un informe sobre la falsedad de las vías de accesos - selectividad, mayores de 25 años y curso posterior-, así como sobre la pertenencia de los denunciados al llamado frente de cárceles o frente de makos de ETA.

El pasado 19 de octubre Covite presentó su demanda en la Audiencia Nacional para acusar a estas 76 personas de un delito de uso continuado de documentación falsa, que emplearon para matricularse en estudios para obtener beneficios penitenciarios. En concreto, Covite sostiene que los presos presentaron documentos falsos para poder inscribirse en carreras de la UPV/EHU y de la UNED, gracias a lo cual algunos de ellos consiguieron reducir casi a la mitad su tiempo de estancia en prisión. La asociación presidida por Consuelo Ordóñez sostiene que en muchos de los supuestos denunciados los presos utilizaron esos documentos falsos para beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot y ser excarcelados. Para Covite, los presos y expresos denunciados han cometido un delito de uso continuado de documentación falsa descrito en el artículo 393 del Código Penal.

Entre los denunciados se encuentran Iñaki Arakama Mendia Makario; Valentín Lasarte, preso crítico con ETA que se acogió a la vía Nanclares y se encuentra ya en libertad; Juan Luis Aguirre Lete; Inés del Río, primera reclusa que se benefició del dictamen del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo por el que se derogó la doctrina Parot; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi; Francisco Mujika Garmendia Pakito; Txomin Troitiño Arranz; y José Antonio López Ruiz Kubati.

En la denuncia aparece también Imanol Haranburu Carrera, que fue propuesto para el cargo de jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación de la Consejería de Educación del Gobierno de Nafarroa, aunque al final no accedió a este cargo.

Bomba en endarlaza Por otro lado, los presuntos miembros del comando Ibarla de ETA Marcos Sagarzazu y Francisco Javier Irastorza negaron ayer en la Audiencia Nacional haber atentado contra la antigua casa cuartel de Endarlaza en 1995 y aseguraron que en esa época tenían sus trabajos y hacían su vida de recién casados con sus respectivas esposas. Sagarzazu e Irastorza acudieron a prestar declaración indagatoria ante el juez Juan Pablo González, que hace una semana les procesó por un delito de atentado terrorista que causó la muerte al policía nacional Eduardo López Moreno el 19 de abril de 1995 y que también se atribuye a la considerada ex jefa de la organización armada, Iratxe Sorzabal, detenida el pasado mes de octubre en Baigorri.

En su acto de procesamiento, el juez ha valorado un informe de la Guardia Civil que detallaba los integrantes y la actividad desarrollada por el comando Ibarla y señalaba a Irastorza y Sagarzazu como los miembros que colocaron la bomba. El magistrado apunta que Sorzabal “no colocó materialmente el explosivo, pero intervino en su preparación y transporte para cometer el atentado”. - Europa Press